Denuncian a Nancy Escárcega ante Fach por presunto tráfico de influencias

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Chihuahua.- El abogado Óscar Castrejón, junto al maestro Marcelo Valenzuela, acudieron este viernes a la fiscalía anticorrupción para formalizar una denuncia que busca esclarecer un posible esquema de tráfico de influencias que involucra a la magistrada Nancy Escárcega y al juez de ejecución de penas, Juan Carlos Erives Fuentes.

Lo anterior, dijo Castrejon Rivas, como seguimiento a la denuncia que se presentó luego de que apenas 28 días después de que Nancy Escárcega asumiera su cargo como magistrada, su hermano, Edgar Escárcega, obtuvo un beneficio de semilibertad. 

Lo anterior resultó algo alarmante para los denunciantes, dado que el beneficiado cuenta con dos sentencias condenatorias por el delito de secuestro, un historial que previamente le había impedido acceder a cualquier beneficio preliberatorio.

De acuerdo con las declaraciones de Castrejón, el beneficio otorgado por el juez Erives Fuentes no solo fue éticamente cuestionable por el parentesco, sino que presuntamente violó múltiples marcos legales vigentes que prohíben beneficios a secuestradores.

- Código Penal de Chihuahua (2006): El artículo 81 prohíbe beneficios en sentencias mayores a cinco años.

- Ley de Ejecución de Penas de Chihuahua: El artículo 104 bis restringe la semilibertad en casos de secuestro.

- Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro (Federal): Prohibición explícita de beneficios en este delito.

- Ley Nacional de Ejecución de Penas (2016): El artículo 144 prohíbe la sustitución de penas para secuestradores.

"No fue semilibertad, fue semiimpunidad, se ignoró toda la legislación que prohíbe estos beneficios y, además, se violó el derecho humano de la víctima al no ser notificada ni consultada sobre esta resolución", aseveró Castrejón.

Los denunciantes recordaron que el pasado 30 de septiembre presentaron inicialmente el caso ante el tribunal de disciplina judicial; sin embargo, denunciaron que hasta la fecha no ha habido avances significativos.

"Le apuestan al olvido y al paso del tiempo", señalaron, explicando que tras la presión social, una magistrada de nombre Campos revocó la libertad de Edgar Escárcega,  hermano de la funcionaria, lo que a juicio de los denunciantes, confirma que la resolución inicial fue ilegal.

Por su parte, el maestro Marcelo Valenzuela añadió que este caso se suma a un contexto de sospechas más amplio, mencionando que existirían investigaciones en el extranjero (específicamente en Estados Unidos) que involucrarían a la magistrada Escárcega, así como a figuras políticas como el diputado Francisco Sánchez y Alfredo "El Caballo" Lozoya, por presuntas irregularidades.

Valenzuela enfatizó que los servidores públicos están obligados a mantener una conducta intachable y ética, algo que, sostienen, se ha roto en este caso.