Denuncian gasera en Aldama que opera ilegalmente frente a zona residencial

Chihuahua.- Habitantes de los fraccionamientos Álamos y Leones, en el municipio de Aldama, presentaron una serie de denuncias ante organismos federales y estatales para exigir la clausura inmediata de la empresa Deligas.

Según los denunciantes, la estación de Gas L.P. opera desde febrero de 2025 en la Avenida Las Torres, sin seguir los protocolos de seguridad adecuados y a escasos metros de zonas habitacionales.

La comunidad señaló que el sitio no solo funciona como punto de venta, sino también como un centro logístico donde pernoctan hasta diez pipas y se realizan maniobras de trasvase semanal con semirremolques, lo que representa un "altísimo factor de riesgo de explosión" para las familias del sector.

La ofensiva legal, encabezada por el ciudadano Josué Carlos Westrup Corral, apunta a una red de omisiones administrativas. Los vecinos sostienen que Deligas carece de licencias esenciales, incluyendo el informe preventivo de impacto ambiental y los permisos federales de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Ante la sospecha de que la estación podría estar distribuyendo combustible de procedencia ilícita, los colonos han formalizado sus quejas ante la ASEA y la Secretaría de Energía, adjuntando evidencia fotográfica y audiovisual que documenta las actividades irregulares que ocurren a espaldas del fraccionamiento Los Álamos.

A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta de las autoridades estatales ha generado desconcierto y desconfianza entre los afectados. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Luis Ramón Corral Torresdey, notificó el pasado 23 de diciembre que la responsabilidad de inspección recae exclusivamente en el ámbito municipal. Sin embargo, la resolución emitida por la autoridad estatal añade una contradicción preocupante: tras turnar el caso al municipio de Aldama, este respondió que "no existe ningún establecimiento" con la razón social Deligas, ignorando la presencia física y operativa de la infraestructura denunciada.

Esta negativa oficial a reconocer la existencia de la gasera ha encendido las alarmas sobre un posible esquema de protección política o corrupción. Los denunciantes argumentan que es inverosímil que una estación de tal magnitud, con movimiento constante de autotanques y unidades de reparto, pase desapercibida para los inspectores locales.

"Nos preocupa la seguridad de nuestros hogares; estamos expuestos a riesgos que conllevan hasta la pérdida de la vida", sentenciaron en el escrito, subrayando que la incertidumbre jurídica de la empresa agrava la vulnerabilidad de cientos de personas.

Finalmente, el movimiento ciudadano exigió a los tres niveles de gobierno que dejen de evadir su competencia y realicen una visita de verificación exhaustiva en el predio mencionado.

La solicitud es que, de confirmarse la contravención a las normas operativas y ambientales, se impongan medidas cautelares y la clausura definitiva de la estación. Mientras tanto, los vecinos de Aldama permanecen en estado de alerta, temiendo que la negligencia administrativa desemboque en una posible tragedia evitable en una de las zonas habitacionales de mayor crecimiento en el municipio.