El Tribunal de Disciplina se apega a la ley en caso Escárcega: Javier Acosta

Chihuahua.– El presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Chihuahua, Javier Acosta, aseguró que toda denuncia presentada ante el organismo es investigada con rigor y objetividad, reiteró su impedimento legal para ofrecer detalles sobre casos particulares, incluyendo el que involucra a la magistrada Nancy Escárcega y la liberación de su hermano secuestrador.

Acosta enfatizó que la Ley Orgánica del Poder Judicial le prohíbe referirse a asuntos específicos, por lo que sus declaraciones deben limitarse a aspectos generales sobre el funcionamiento del Tribunal.

“Una cosa es denunciar y otra cosa es comprobar. No hay una sola investigación que se deje al garete o sin estudiar; todas se estudian, pero se estudian minuciosamente”, afirmó.

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó que, si bien la investigación es un hecho, los tiempos están marcados por la ley. Añadió que la normativa establece plazos que deben cumplirse para la rendición de informes y el desarrollo del proceso.

“Cualquier investigación lleva su tiempo, lleva su curso. Si hablo en público de un asunto, ya estoy infringiendo la ley automáticamente”, aseveró, solicitando comprensión ante su obligación de apegarse estrictamente al marco legal, que prohíbe la difusión pública de detalles de casos en curso.

 

Garantiza Javier Acosta rigor jurídico y ausencia de sesgos políticos

Además, Javier Acosta, garantizó una investigación rigurosa en el caso de la liberación del hermano de la magistrada Nancy Escárcega.

En ese sentido, reiteró que, como ha sido de conocimiento público, “en todos los casos donde hay denuncias, los vamos a investigar”.

El presidente del Tribunal aseguró que la investigación será conducida con “rigor jurídico disciplinario” y se mantendrá “fuera de sesgos políticos y fuera de grilla”.

“Todas las denuncias que se presenten en el Tribunal de Disciplina se van a investigar. Y se van a investigar con rigor”, concluyó, pidiendo confianza en que el proceso se llevará a cabo conforme a los tiempos que marca la ley, sin tomar decisiones “fast track” que contravengan la Constitución.

En su momento, la determinación final del Tribunal será pública.