Exhibe Auditoría irregularidades por $141 millones en el Poder Judicial

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Chihuahua.- El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, presentó ante el Congreso Local un informe que pone bajo la lupa las finanzas del Poder Judicial de Chihuahua, revelando la retención indebida de más de 141 millones de pesos que debieron ser reintegrados a la Hacienda Estatal, además de serias fallas en la ejecución de obra pública.

De acuerdo con el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el organismo detectó que el Poder Judicial no devolvió recursos excedentes correspondientes a dos periodos fiscales consecutivos, contraviniendo la normativa presupuestal.

-    Periodo 2023-2024: Un monto de 100 millones 621 mil 273 pesos.
-    Periodo 2024-2025: Una suma adicional de 41 millones 075 mil 512 pesos.

Acosta Félix aclaró que, aunque el Poder Judicial argumentó que dichos fondos estaban "comprometidos" para diversas obras, el procedimiento legal dicta que cualquier recurso no devengado al cierre del año fiscal debe ser restituido a la Secretaría de Hacienda. 

"Regresa el presupuesto y, en tu nuevo presupuesto, plantea a los diputados que los necesitas, el Congreso seguramente los hubiera vuelto a asignar", enfatizó el auditor.

La respuesta legislativa no se hizo esperar, ya que el diputado Carlos Olson, (PAN) calificó la situación como un asunto de extrema gravedad, señalando una contradicción entre las constantes solicitudes de aumento presupuestal del Tribunal Superior de Justicia y los subejercicios detectados.

"Lo único que vemos es que en dos ejercicios tuvieron subejercicios millonarios, no fue un año, fueron dos, esto refleja que no hay una buena presupuestación, una buena planeación ni un seguimiento del gasto", sentenció Olson.

El informe de la ASE también arrojó resultados alarmantes en materia de infraestructura, ya que luego de auditar 12 obras ejecutadas por el Poder Judicial, se determinó que 10 de ellas presentan observaciones.

Un ejemplo fue la ciudad judicial (en el Distrito Hidalgo), donde se detectó obra no concluida en los tiempos establecidos, que, aunque el proceso se terminó satisfactoriamente tras la intervención de la auditoría, el incumplimiento de fechas generó la observación legal, por lo que en total se identificaron pagos por un total de 1.9 millones de pesos por conceptos de "obra pagada, no ejecutada".