Exhortan a municipios a promover controversia constitucional contra Ley de Aguas

Chihuahua.- El Congreso del Estado de Chihuahua hizo un llamado urgente a la acción legal contra la recientemente aprobada Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Fue el diputado Roberto Arturo Medina Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI, quien presentó una proposición con carácter de punto de acuerdo para exhortar a los 67 municipios chihuahuenses a promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La iniciativa se centra en dos argumentos principales de inconstitucionalidad: la omisión de la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, y la presunta violación a la autonomía municipal y a la capacidad de los pueblos originarios para gestionar sus propios servicios de agua potable y saneamiento.

Durante su exposición de motivos, el diputado Medina Aguirre enfatizó que el proceso legislativo para la aprobación de la nueva normativa federal incurrió en una grave falta al no realizar la consulta obligatoria establecida en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT.

"Esta omisión vulnera la autonomía y los derechos colectivos de las comunidades indígenas del estado de Chihuahua, particularmente de los pueblos Rarámuri, Pima, Guarojío y Tepehuano, quienes históricamente han gestionado sus recursos hídricos conforme a sus usos y costumbres", señaló el legislador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en el pasado el interés legítimo de los pueblos indígenas en temas hídricos, haciendo que la falta de consulta sea un punto central de la posible inconstitucionalidad.

Además de la afectación a los pueblos originarios, la propuesta del PRI aborda el impacto de la nueva ley en el sector agrícola y ganadero del estado. El diputado argumentó que la reforma, impulsada por el gobierno federal, centraliza de manera discrecional el control del recurso en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que representa un "grave riesgo para el campo chihuahuense".

Entre las preocupaciones expuestas se encuentra la creación de nuevas figuras sancionadoras que, a criterio del legislador, "criminalizan" a los productores y les generan miedo de perder su patrimonio. La prohibición de transferir concesiones y la imposición de nuevos requisitos burocráticos y costos adicionales en medición e informes son vistas como medidas que debilitan los derechos adquiridos y la seguridad patrimonial de quienes administran el agua por generaciones.

El exhorto se fundamenta en el Artículo 105, Fracción I, inciso b) de la Constitución, el cual prevé la procedencia de controversias constitucionales entre la Federación y los municipios por la inconstitucionalidad de normas generales.

Medina Aguirre concluyó que la acción legal por parte de los municipios es indispensable para garantizar el respeto al principio de consulta previa y la protección de los derechos colectivos, evitando que el agua "quede sujeta, de forma discrecional y totalitaria, al arbitrio de un gobierno que dice escuchar, pero que no escucha".