Exigen tipificar como feminicidio en grado de tentativa la violencia familiar

Chihuahua.- El diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, del partido de Movimiento Ciudadano, propuso reformar las disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua, a fin tipificar como feminicidio en grado de tentativa, los actos de violencia familiar que pongan en peligro la vida de las mujeres, niñas o adolescentes.

Lo anterior se desprende tras la muerte de la maestra normalista Lizbeth Lucero Zapién, en el municipio de Parral, a manos de su pareja sentimental quien previamente fue denunciado por la víctima.

En su exposición de motivos, el diputado Francisco Sánchez, destacó que la violencia contra las mujeres es un problema grave en nuestro país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), recabados a través de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en 2021, a nivel nacional, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más, han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito. Respecto a los datos proporcionados en 2016, en 2021 incrementaron 4 puntos porcentuales. 

“El estado de Chihuahua se encuentra por encima de la media nacional, presentando un 71% de mujeres en este rango de edad que han sido víctimas de algún tipo de violencia. 

De acuerdo a datos proporcionados por el Observatorio Ciudadano de FICOSEC, hasta abril de 2025 se denunciaron 4,363 casos por violencia familiar en lo que va del año, colocando a nuestra entidad en el 8º lugar nacional en incidencia de estos delitos.  

Al respecto, un dato que destaca de estas cifras, es que el municipio de Hidalgo del Parral ocupa el 11º lugar nacional en incidencia de casos de violencia familiar en municipios con más de 100 mil habitantes, información que pone en relieve la grave situación que enfrentan las mujeres de dicho municipio”. 
Asimismo, el diputado y coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, lamento el hecho de que muchos de estos casos de violencia familiar han sido clasificados bajo este tipo penal, a pesar de que los hechos configuran otras conductas delictivas, lo que trae consecuencias graves para las víctimas y la sociedad en general. 

“Cómo se puede apreciar a través de la información estadística, en nuestro estado enfrentamos una problemática estructural y persistente, que, en muchos casos, ha cobrado la vida de cientos de víctimas en Chihuahua. 

Y es que, a pesar de los avances legislativos en materia de género, subsisten omisiones graves en el proceso penal, particularmente en la clasificación de los delitos, lo que impide brindar protección efectiva a las mujeres que enfrentan situaciones de alto riesgo. 

Un ejemplo de esto es un caso que en días recientes ha conmocionado al municipio de Hidalgo del Parral, donde una mujer, la maestra Lucero, fue asesinada a golpes por su ex pareja, a quien había denunciado previamente por intentar quemarla viva. En días pasados, el presunto responsable fue vinculado a proceso, sin embargo, la clasificación del delito fue por violencia familiar, a pesar de que la intención y los actos realizados, configuraban evidentemente el delito de feminicidio en grado de tentativa. Aunado a lo anterior, a pesar del riesgo en que se encontraba la víctima, el Ministerio Público no solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que evidencia una grave omisión institucional que tuvo como resultado un atroz feminicidio. 

La maestra Lucero hizo la denuncia de que estaba siendo violentada y quienes debían protegerla, la condenaron al peor de los tormentos. La maestra Lucero debería estar dando este jueves clases a sus alumnos en la normal Miguel Hidalgo de Parral, pero hoy no está más, le han arrebatado hasta su último suspiro. A la maestra Lucero le falló la justicia en todos sentidos y cuando eso sucede el resultado es un feminicidio más. Ella lo advirtió, ella pidió auxilio y ese auxilio se perdió en la burocracia de la indiferencia”.

A consideración del legislador Francisco Sánchez, esta iniciativa busca poner fin a una cadena de omisiones que ha costado vidas, busca cerrar una puerta a la impunidad y abrir otra: la de la justicia con perspectiva de género, que cuando un agresor atente contra la vida de una mujer, el Estado lo reconozca por lo que es: un feminicida en grado de tentativa, y actúe en consecuencia, con toda la fuerza de la ley.

“El objetivo es claro: prevenir que más mujeres sean asesinadas por sus agresores, evitar que el miedo se convierta en destino, y que la justicia llegue antes de que tengamos que lamentar una vida perdida. Esta reforma no es un tecnicismo penal: es un acto de memoria, de responsabilidad, de compromiso con miles de mujeres que aún esperan ser protegidas.

Legislar con perspectiva de género no es una concesión, es una obligación constitucional, jurídica y humana. Esta adición al artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua es un paso firme hacia un sistema penal que no revictimice, que no minimice y que no le dé la espalda a quienes más lo necesitan.

No podemos seguir permitiendo que el sistema falle donde más debería proteger. No podemos normalizar que mujeres que han sobrevivido a intentos de asesinato regresen a sus casas con el miedo latente de que su agresor volverá. No podemos seguir tipificando como “violencia familiar” lo que en realidad son intentos de feminicidio”.