Exime Constitución a Maru de acudir a la FGR: Héctor Villasana

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Chihuahua, Chih.- La reciente actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) al citar a una comparecencia formal a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, representa una preocupante politización de un asunto que debería mantenerse estrictamente en el terreno técnico y jurídico, según afirmó el abogado penalista Héctor Villasana Ramírez.

El litigante advirtió que los constantes señalamientos lanzados desde la tribuna presidencial de "la mañanera", sumados a las movilizaciones de Morena bajo el argumento de una supuesta violación a la soberanía nacional tras el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas en el municipio de Morelos, configuran un juicio mediático que violenta el principio de presunción de inocencia y genera un "efecto corruptor" sobre la investigación judicial.

Respecto a la viabilidad legal del polémico citatorio, Villasana Ramírez aclaró que, si bien la FGR ostenta la facultad de requerir el testimonio de cualquier ciudadano en calidad de testigo, las normas procesales mexicanas otorgan prerrogativas específicas a los titulares del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el especialista detalló que con fundamento en el artículo 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la mandataria estatal no tiene la obligación legal de constituirse físicamente en las oficinas del Ministerio Público de la Federación. Por el contrario, la legislación prevé que su declaración se reciba por medios alternativos, ya sea mediante un informe por escrito o a través de una videoconferencia, quedando bajo la estricta decisión de la gobernadora la vía que determine para colaborar.

El penalista calificó de "irresponsable" el uso de estos acontecimientos para formular acusaciones de gravedad extrema, como el delito de traición a la patria, sin que exista un sustento jurídico ni una investigación concluida por un tribunal. Explicó que esta exposición pública contamina el debido proceso al sembrar en la opinión pública una conclusión anticipada de culpabilidad, viciando la efectividad del caso.

Ante este escenario de vulneración a sus derechos fundamentales, Villasana Ramírez señaló que la gobernadora Maru Campos tiene expedita la vía del juicio de amparo. Esta herramienta constitucional le permitiría impugnar formalmente las declaraciones emitidas por las autoridades federales, tanto del Poder Ejecutivo como de las cámaras del Congreso de la Unión, con el objetivo de obligar al cese inmediato de expresiones que prejuzguen sobre una posible responsabilidad penal.

Finalmente, el jurista contrastó la rigurosidad mediática y política aplicada al gobierno de Chihuahua frente a la protección institucional que perciben los funcionarios públicos del estado de Sinaloa. Cuestionó la disparidad de criterios del Gobierno Federal al señalar que, mientras en Sinaloa se desatienden elementos que presumen vínculos con la delincuencia organizada y se evaden compromisos internacionales de extradición con cortes de Estados Unidos, en Chihuahua se coloca en el "banquillo de los acusados" al Ejecutivo local tras ejecutar una acción contundente de combate al narcotráfico para salvaguardar la seguridad de la sociedad.