Forzó FGR a Édgar Salazar a declarar contra Schultz

El 14 de noviembre de 2019, el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora, Guillermo Montoya de la Torre, envió un oficio a la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo. El documento, relacionado con la carpeta de investigación Fed/Sdhpdsc/Unai-Chih/0000214/2017 —vinculada al asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea—, solicitaba instrucciones sobre el régimen de aislamiento impuesto a Édgar Salazar Gaxiola, quien ya llevaba cinco meses bajo esa condición prohibida por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Naciones Unidas, conocida como Reglas Mandela.

Salazar Gaxiola había sido detenido de forma arbitraria diez meses antes, el 21 de enero de 2019, junto con su expareja y una prima de ella. Tras su arresto, fue torturado y acusado inicialmente de secuestro. Al no obtenerse una declaración por parte de su expareja, la acusación se reformuló por presunta extorsión, lo que derivó en una sentencia de dos años de prisión.

Diecinueve días después de su detención, la Fiscalía General de la República (FGR) lo expuso ante los medios como presunto autor intelectual del asesinato de Miroslava Breach. Posteriormente, la misma institución rectificó su versión a través de un boletín de prensa, señalándolo como hijo del presunto autor intelectual del crimen.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió la carpeta de investigación 19-2017-8019. El encargado inicial de las pesquisas fue el agente del Ministerio Público José Roberto Frías Aguayo, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida. Sin embargo, esta investigación y testimonios clave —de víctimas indirectas y testigos protegidos— habrían sido manipulados, como lo evidencia un Protocolo de Estambul positivo en el caso de Hugo Amed Schultz Alcaraz. En ese informe se detalla cómo su declaración fue alterada bajo coacción dentro del Palacio de Gobierno, con la participación directa del entonces gobernador Javier Corral, su fiscal César Augusto Peniche, y agentes del Ministerio Público, entre ellos el propio Frías Aguayo.

Simultáneamente, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió su propia investigación bajo el número Fed/Sdhpdsc/Unai-Chih/0000214/2017, clasificada como confidencial por cinco años. La responsable de esta indagatoria fue la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo, quien en 2021 fue denunciada por tortura y fabricación de declaraciones para obligar a Édgar Salazar a incriminar a su padre, Crispín Salazar Zamorano, a Juan Carlos Moreno Ochoa (condenado a 50 años de prisión) y a Hugo Amed Schultz Alcaraz (sentenciado a 8 años).

La intervención de la FGR se justificó por la naturaleza del crimen —el asesinato de una periodista—, lo cual involucraba a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Sin embargo, el número de expediente indica que la investigación fue asignada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (Sdhpdsc), en la Unidad de Investigación sin Detenido (Unai), bajo el consecutivo 214 del año 2017.

Pese a que no existía evidencia directa que lo vinculara con el asesinato de Miroslava Breach, Édgar Salazar fue relacionado con el caso, por ser familiar del grupo conocido como "Los Salazar". Fue privado de su libertad y mantenido en aislamiento en el Cefereso 11 de Hermosillo por instrucciones de los agentes Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez. Durante seis meses, se le presionó para que testificara en contra de su padre, de Juan Carlos Moreno y de Hugo Amed Schultz.

El 20 de noviembre de 2019, en respuesta a la solicitud del director del penal, Santoyo Cuervo ordenó mantener a Salazar Gaxiola bajo las mismas condiciones de aislamiento: "resguardo permanente con vigilancia personal, videovigilancia, y el registro de todas y cada una de las personas que tengan contacto y/o comunicación con la persona en mención”, ya que hasta el 12 de diciembre de 2019 se llevaría la audiencia judicial en la que Salazar Gaxiola fungiría como testigo protegido bajo la clave Apolo.

Édgar Salazar afirmó recientemente, en una llamada telefónica sostenida el 21 de abril de 2025 con el abogado defensor de Hugo Amed Schultz, Manuel Norberto Cortez, que las amenazas por parte de agentes de la Feadle continúan. Además, negó haber comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en marzo de 2023, como asegura Propuesta Cívica, la asociación civil dirigida por Sergio Aguayo Quezada, que representa a las víctimas indirectas del asesinato de la periodista Miroslava Breach.