No han notificado a Fach por atracción del caso Corral

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Chihuahua.- El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela, afirmó que la atracción a la jurisdicción federal de una carpeta de investigación relacionada con el senador y exgobernador Javier Corral constituye un hecho “inédito e inaudito” que busca desviar el fondo del asunto: el presunto desvío, distracción y disposición indebida de 98.6 millones de pesos entregados a un particular sin que existan evidencias de trabajo realizado.

Valenzuela explicó que lo resuelto recientemente corresponde únicamente a un conflicto competencial, originado a partir de una audiencia celebrada “de manera furtiva” entre un juez federal y un agente del Ministerio Público Federal, lo que derivó en que un tribunal colegiado determinara turnar el caso a un juez penal federal, pese a que la carpeta se encuentra suspendida por la inmunidad constitucional de uno de los imputados.

“Ni siquiera se puede ejercer la acción penal, entonces cuál es el objetivo de atraer una carpeta de investigación si no se puede proceder”, cuestionó el fiscal, al advertir que con ello se pretende confundir y alejar la atención del presunto daño al erario.

Detalló que los recursos involucrados 98.6 millones de pesos pagados al despacho de Pedro López Elías, provienen de participaciones federales de libre disposición, por lo que, conforme al pacto federal, se consideran recursos estatales y no aportaciones federales, como se ha intentado plantear. En ese sentido, subrayó que el delito está tipificado en el artículo 170 del Código Penal del Estado de Chihuahua, como un hecho de corrupción de competencia local.

Valenzuela recordó que durante tres años la Auditoría Superior del Estado requirió a los beneficiarios del contrato que acreditaran los trabajos realizados, sin que presentaran evidencia alguna, situación que se repitió posteriormente ante la Fiscalía Anticorrupción. Añadió que, tras librarse órdenes de aprehensión por un juez local, los imputados promovieron diversos amparos, mismos que han sido rechazados, con resoluciones federales que ratifican la competencia local.

El fiscal sostuvo que hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción no ha sido notificada formalmente de la resolución del conflicto competencial ni cuenta con el engrose correspondiente, y criticó que algunos imputados hayan celebrado públicamente el traslado del asunto al ámbito federal. “Es como festejar que se tiene garantizada la impunidad”, dijo.

Finalmente, Valenzuela aseguró que la Fiscalía continuará agotando todas las instancias legales disponibles, incluido el recurso de reclamación, y llamó a fortalecer las instituciones y a centrar la discusión en el fondo del caso: “Dónde terminaron esos 98.6 millones de pesos que se le dieron a un particular por no hacer nada”. También confirmó que existen otras carpetas de investigación en integración relacionadas con hechos de corrupción del quinquenio pasado, aunque aclaró que no se judicializarán hasta contar con todos los elementos y respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Acusa tráfico de influencias en atracción federal de caso Corral

Asimismo, el fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela, advirtió que el criterio utilizado para intentar atraer a la jurisdicción federal una investigación por presuntos hechos de corrupción vulnera el pacto federal, debilita el Estado de derecho y sienta un precedente negativo para la historia jurídica de Chihuahua y del país.

El fiscal sostuvo que se trata de recursos de libre disposición de las entidades federativas, por lo que calificó como “absurdo” el argumento de que el caso deba ser atendido en el ámbito federal. “Ese criterio interrumpe el pacto federal y la esencia misma de la República, integrada por entidades con su propia Constitución y su propio Código Penal”, señaló.

Valenzuela cuestionó que, tratándose de un delito por hechos de corrupción, se haya realizado una audiencia “furtiva” entre un agente del Ministerio Público Federal y el juez federal Roberto Antonio Alcoverde para promover la atracción del caso. Subrayó que incluso el propio juez reconoció en dicha audiencia la presunción real de la comisión de un delito de corrupción y que no era el momento procesal adecuado para atraer la carpeta de investigación.

Explicó que, de existir fundamento para ejercer la facultad de atracción, esta debió ser solicitada por la Fiscalía Nacional Anticorrupción, instancia que cuenta con un grado mayor de autonomía y cuyo titular es designado con la intervención del Senado de la República, y no por un agente del Ministerio Público Federal actuando de manera coincidente con un juez.

“Ahí es donde yo percibo un tráfico de influencias muy evidente”, afirmó el fiscal, al considerar que la actuación responde más a una estrategia narrativa de uno de los imputados que a criterios técnicos o jurídicos sólidos.

Finalmente, Valenzuela advirtió que, de concretarse esta acción, se estaría pasando por encima de las instituciones y dejando en estado de indefensión a las entidades federativas, lo que no resulta conveniente ni para Chihuahua ni para la República. “No le conviene a nadie ese rumbo”, concluyó.