Propone Diputada reforma para que programas sociales usen lenguaje claro

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Chihuahua.– La diputada Joceline Vega Vargas busca reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano para garantizar que la ciudadanía comprenda requisitos y beneficios sin necesidad de tecnicismos legales.

Con el objetivo de derribar las barreras burocráticas que impiden a las personas en situación de vulnerabilidad acceder a los apoyos gubernamentales, la diputada Joceline Vega Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano.

La propuesta busca adicionar el artículo 6 Bis, el cual obligaría a las dependencias estatales a utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible en toda la información relativa a programas sociales.

De acuerdo con la exposición de motivos de la legisladora, la complejidad del lenguaje administrativo y jurídico actual suele generar obstáculos que afectan a quienes más necesitan los apoyos.

“La información sobre requisitos, procedimientos, plazos y reglas de operación debe comunicarse de manera comprensible y sin el uso de tecnicismos innecesarios”, señaló Vega Vargas.

La diputada destacó que, aunque la Ley de Transparencia ya menciona el lenguaje sencillo, es necesario que la legislación específica de desarrollo social lo establezca como una obligación directa para asegurar que el derecho a la información se traduzca en un beneficio real.

La iniciativa propone que la política de desarrollo social en el estado se rija bajo los siguientes criterios:

Claridad obligatoria: Las dependencias deberán garantizar que la información de los programas sea fácil de entender.

Formatos accesibles: Se privilegiará el uso de medios digitales y formatos que faciliten la consulta para personas con discapacidad o en condiciones de rezago.

Armonización legal: La reforma alinea la Ley de Desarrollo Social con los principios de buena administración pública y transparencia.

En ese sentido, Vega Vargas enfatizó que esta medida no implica la creación de nuevos derechos ni modifica el presupuesto de los programas existentes, sino que busca fortalecer la confianza ciudadana al reducir la discrecionalidad y prevenir errores en los procesos de inscripción causados por la falta de comprensión, además de garantizar que los apoyos lleguen a su destino de manera más eficaz.