Ugre Héctor Acosta a definir competencias por fallo judicial

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Chihuahua.- El Auditor Superior del Estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, calificó como "fundamental y una oportunidad especial", la actual coyuntura jurídica para clarificar la distribución de facultades entre las autoridades locales y federales en materia de fiscalización. 

Sus declaraciones surgen a raíz del Conflicto Competencial 20/2025, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

En ese sentido, Acosta Félix señaló que la reforma constitucional de 2015 generó una confusión en las atribuciones de los entes fiscalizadores que persiste hasta hoy. Explicó que es imperativo determinar con precisión los límites de actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) frente a las entidades locales, especialmente en lo que respecta a las participaciones federales. 

Según el funcionario, la falta de claridad ha derivado en discusiones legales que afectan la operatividad del sistema.

Respecto a la resolución del Tribunal, el auditor aclaró que, aunque el fallo tiene efectos inmediatos solo para las partes involucradas en el caso específico, el verdadero riesgo radica en el criterio jurídico sentado, el cual genera incertidumbre. Por ello, confirmó que la Auditoría Superior del Estado ya se encuentra impugnando dicha resolución y analizando otros recursos legales para defender la competencia de la institución que encabeza.

 

Se posiciona Chihuahua como referente nacional frente a rezagos de la Auditoría Federal

En el marco de la discusión sobre posibles reformas al Sistema Nacional Anticorrupción, Héctor Acosta Félix, Auditor Superior de Chihuahua, hizo un fuerte llamado a considerar el modelo de fiscalización del estado como un ejemplo de eficiencia frente a los tiempos "desesperantes" de la Federación. 

El funcionario destacó que, mientras la Auditoría Superior de la Federación puede tardar entre cinco y siete años en iniciar procedimientos legales, en Chihuahua estos comienzan apenas seis meses después de entregada la cuenta pública.

Acosta Félix insistió en la necesidad de reducir los plazos de revisión y entrega de resultados a nivel nacional, lo cual resulta difícil de explicar para la ciudadanía que apenas en estas fechas se presenten resultados de cuentas públicas de hace dos años, como ocurre en el ámbito federal. 

En contraste, subrayó que Chihuahua opera con plazos significativamente más cortos, permitiendo acciones legales casi inmediatas tras la detección de irregularidades.

Finalmente, el auditor estatal señaló lo que considera la omisión más grave de la gestión actual de la ASF es la negativa a firmar convenios de coordinación completos con los estados para fiscalizar participaciones federales. 

Detalló que, en el caso de Chihuahua, el convenio se encuentra estancado debido a cuestionamientos realizados por la ASE que la autoridad federal no ha querido resolver, y denunció que los convenios firmados con otras entidades están incompletos al carecer de los anexos técnicos necesarios para su ejecución.