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Unirán iniciativas del PAN y Morena contra deudores alimentarios

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  • Por Editora Dai

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Chihuahua, Chih.– La Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores del Congreso del Estado aprobó la creación de una mesa de trabajo institucional con el propósito de analizar de manera conjunta las iniciativas presentadas por las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena.

Ambos proyectos buscan reformar la Ley del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, por lo que el objetivo de los legisladores es integrar una propuesta unificada que retome y fortalezca los planteamientos de las dos fuerzas políticas, garantizando así un marco normativo mucho más robusto y eficaz para la protección de los derechos de los menores y las familias en la entidad.

Durante el desarrollo de la reunión, la diputada por Morena, Magdalena Rentería Pérez, advirtió la existencia de importantes vasos comunicantes entre la propuesta dictaminada de Acción Nacional y una iniciativa de su propia autoría encaminada a fortalecer la efectividad y la aplicación punitiva de dicha ley. La legisladora morenista se manifestó a favor de robustecer de manera urgente las medidas en materia de obligaciones alimentarias, recordando que el proyecto que ella promovió, identificado con el número 1341, versa exactamente sobre la misma temática, a pesar de que por cuestiones de turno legislativo actualmente se encuentra bajo análisis en la Comisión de Justicia.

Ante esta situación, Rentería solicitó formalmente la conformación de una mesa técnica interinstitucional que permita desahogar tanto su propuesta como la de Acción Nacional, la cual está registrada bajo el número 1444.

Para garantizar la viabilidad jurídica y operativa de la reforma final, la mesa de trabajo contará con la participación activa de especialistas en la materia, incluyendo a jueces y magistrados del ramo familiar, personal del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, el Registro Civil, la Dirección del Notariado, el área de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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