Urgen protocolo para investigar abusos sexuales en escuelas y guarderías

Chihuahua.- Ante el alarmante incremento de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos institucionales, la diputada Leticia Ortega Máynez del partido Morena, presentó una proposición con carácter de punto de acuerdo para solicitar a la fiscalía general del estado (FGE), elaborar e implementar de manera urgente un protocolo de actuación para investigar estos delitos dentro de escuelas, guarderías y centros de custodia.

El objetivo central del exhorto es establecer un mecanismo ministerial y pericial con perspectiva de infancia, género y derechos humanos que ponga fin a la impunidad y proteja integralmente a las víctimas.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que la violencia sexual en instituciones es una de las expresiones más graves de abuso de poder, donde los agresores se aprovechan de su posición de confianza o jerárquica.

"En estos espacios, las niñas, niños y adolescentes que sufren agresiones sexuales no solo padecen el trauma de la violencia, sino también las consecuencias de estructuras institucionales que muchas veces tienden al silencio, al descrédito o al encubrimiento," señala la propuesta.

Según la ficha técnica 'Infancia y Adolescencia en Chihuahua 2024', en 2022 se registraron 915 casos de violencia sexual contra menores (97.4% mujeres).

Treinta de estos casos ocurrieron dentro de escuelas, posicionando a Chihuahua entre las entidades con mayor incidencia, una encuesta de FICOSEC en los principales municipios del estado arrojó que el 7.9% de niñas, niños y adolescentes declaró haber sufrido violencia sexual en el entorno escolar.

Un caso reciente que ilustró la falta de preparación institucional ocurrió en abril de 2025, cuando la FGE abrió 71 carpetas de investigación por abuso sexual y maltrato infantil en guarderías de Ciudad Juárez, resultando en la evaluación de 218 menores. Este episodio, según la diputada Ortega Máynez, "evidenció la falta de protocolos ministeriales y periciales con perspectiva de infancia".

La preocupación se extiende también a instituciones religiosas, donde organizaciones civiles han documentado casos de abuso por parte de clérigos o personal laico. En estos casos, se ha observado un patrón de encubrimiento, donde las instituciones optan por trasladar al agresor o guardar silencio en lugar de denunciar.

Luego de un análisis de los instrumentos normativos de la FGE, se identificó que, de los nueve protocolos existentes, ninguno aborda de manera específica la atención de delitos sexuales cometidos contra menores en entornos institucionales, esta ausencia genera un vacío normativo que compromete la investigación efectiva y la protección de los derechos de las víctimas.

El protocolo propuesto busca alinearse con estándares internacionales, tomando como referencia el “New Protocol for the Investigation of Sexual Violence” de Justice Rapid Response. Este documento promueve un enfoque centrado en la víctima y una metodología informada por el trauma, incluyendo:

- Directrices sobre entrevistas seguras para menores.
- Preservación adecuada de evidencias.
- Mecanismos para evitar la revictimización durante el proceso penal.

La diputada de Morena argumentó que la creación de este protocolo no solo es jurídicamente viable bajo el marco legal de la FGE, sino que es un imperativo para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de México, como el fortalecimiento de la Estrategia 3.5.8. del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA).