
Cuenta la leyenda recopilada por el periodista Francisco Cruz, que en 1940 doña Francisca Castro Montiel, vidente de Atlacomulco, reunió a los notables del municipio para profetizarles con voz de arcano mayor, que seis gobernantes saldrían de este pueblo y al menos uno llegaría a la Presidencia de la República. También de este grupo saldría Carlos Hank González, quien lo dirigirá por muchas décadas y quién acuñó aquella frase política, famosa y vigente en todos los tiempos, “un político pobre es un pobre político”. Ciertamente, no dejará de tener vigencia ni hoy ni nunca y menos en tiempos electorales en los que se elige a los gobernantes que ayudarán a sacar el buey de la barranca o a dejarlo más atorado, cómo ya llevamos varios sexenios desde Reyes Baeza que sumió en sangre al estado, hasta el peor, el de Javier Corral, del que emergieron los nuevos ricos del pueblo chihuahuense, que lo mismo construían nogaleras, jugaban burdamente golf, que usaban la flotilla de aviones para ir a Mazatlán o Cancún, dándose una vida de jeques árabes y ahora de empresarios del mundo librero, aunque no hayan leído un solo libro de moral y buenas costumbres, a lo mucho a Gonzalo N. Santos, el Alazán Tostado por aquello de la moral y el árbol que da moras. Eso sí, las finanzas y el gobierno colapsados y el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez tranzando y hoy huyendo. Eso pasa cuando el político es pobre y de pobreza mental, seguramente dirían Don Artemio Iglesias y Hank Ronk. La pobreza de los políticos exhibe también un riesgo para la democracia que debe ser analizada también en estos momentos en que se juzga en la Corte el Plan B de Lopitosh de la que ya se inválido y a parte, pero que si bien proponía recortar el gasto abusivo de los órganos electorales, también recortaba a los partidos políticos, invadidos por una casta de buscadores de riqueza. Los riesgos de los políticos pobres y la Ley Electoral con lagunas permisivas que permiten excesos electorales, muchos los han advertido. Uno de estos peligros es la mano negra de la delincuencia que tiene ya tiempo participando en las elecciones y mangoneado Ayuntamientos como el de Nuevo Casas Grandes y otros del noroeste del estado que sirven más al crimen organizado que a los ciudadanos los que les importan un cacahuate si reciben o no los servicios públicos o bien, si cuentan con la seguridad en sus comunidades. Lo dijo el mismo presidente Lopitosh desde las mañaneras,” hoy tenemos un nuevo partido, el de la delincuencia”. Claro, en el extremo los candidatos no deben tener también mano ancha para gastar y desequilibrar los procesos electorales, pero la han tenido y de eso habla mucho el gasto de más de 100 millones de pesos en la elección para gobernador que las autoridades electorales le documentaron al candidato de Morena, Juan Carlos Loera, apadrinando por el mismo Lopitosh y la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montel en aquel entonces, hoy lo dejaron en la orfandad política con tremendos delirios de autocorcholata estilo del aún no olvidado Bernardo Pérez Acedo o Ricardo Monreal. Por cierto, aún así con tanto billete, una mujer le partió los dientes postizos y tuvo que ponerse nuevos ahí por la avenida de las Américas en Juaritos. Hoy que estamos en vísperas de que inicien los procesos internos para elegir candidatos a la grande, las medianas, para Ayuntamientos, diputados y senadores mediante encuestas o lo que es lo mismo, dedocracia con cuchara como diría Crucito, hay incertidumbre hasta en las mismas autoridades electorales que advierten de otro financiamiento mal habido en el uso de recursos públicos llámese programas sociales o dinero líquido, para orientar el voto. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón lo advirtió ayer y lo aborda porque no es ningún secreto a voces. Lo dice al instalar en Coahuila el Seminario de Metodologías para la Observación en Justicia Electoral. Por eso llamó desde ya a las autoridades y ciudadanos a denunciar el uso político de los programas sociales en el contexto de los próximos comicios. Y no hay que reír pero dijo también que la democracia no está a la venta, que los programas sociales no son monedas de cambio. También lo dijo bien, los programas sociales son derechos para alcanzar la igualdad sustantiva y una democracia de calidad y aseguró que la justicia electoral está comprometida a hacer valer estos derechos. Quizás debería revisar los perfiles en redes sociales de los funcionarios de Bienestar donde lucran con los beneficiarios de becas, pensiones o ayudas alimenticias, estás últimas distribuidas selectivamente y abiertamente con fines electorales por la Delegación de Bienestar en Chihuahua. A las despensas del Gobierno Federal no cualquiera puede acceder a ellas aunque pertenezca a grupos vulnerables. De nada sirve que en el Tribunal Electoral están conscientes de estas problemáticas y sensibles a estas preocupaciones y hasta las reconozcan cuando la impunidad electoral también prevalece porque esté órgano de justicia no se impone. La realidad nos muestra que no estan funcionando y hasta de nueva cuenta el mismo señalado de gastar carretadas a manos llenas en el 2021, buscará la alcaldía de Juaritos y usa los programas sociales de Bienestar cómo moneda de cambio electoral. No meteran dinero de sus bolsas, son políticos pobres pero con acceso a los recursos públicos. Así las cosas, al tiempo.