Chihuahua.- En una sesión marcada por el debate sobre la seguridad y los derechos humanos de los pueblos originarios, el Cabildo local abordó una propuesta de exhorto dirigida a atender las graves problemáticas de explotación laboral, infantil y otras vulneraciones que afectan a la comunidad rarámuri.
La iniciativa fue presentada inicialmente por la regidora Elena Rojo, integrante de la fracción edilicia del partido Morena. En su exposición, la funcionaria instó a las autoridades del Gobierno del Estado a intervenir de manera urgente para investigar y frenar las posibles conductas delictivas de las que están siendo víctimas los integrantes de esta comunidad indígena, haciendo especial énfasis en la protección de las infancias.
Al respecto, la regidora Joni Barajas González coincidió en la urgencia de la problemática, pero propuso modificar el exhorto para incluir formalmente al Gobierno Federal.
Barajas González argumentó que, para que la atención sea verdaderamente integral y efectiva, se requiere de la concurrencia de la federación, dadas las dimensiones de los delitos señalados.
Por su parte, la regidora Isela Martínez, respaldó la necesidad de ampliar el alcance de la solicitud. Martínez destacó que, debido al trabajo cercano de la comisión, conocen de primera mano las crudas realidades que se viven tanto en el municipio como en el resto de la entidad.
Durante su intervención, la regidora Martínez solicitó modificar los resolutivos del acuerdo para que el exhorto se dirija de manera conjunta al Municipio, al Estado y a la Federación lo cual se aprobó por mayoría de votos.
Isela Martínez explicó que se debe brindar una atención humanitaria prioritaria a las personas rarámuri que, en los últimos años, se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen hacia las zonas urbanas.
Martínez enfatizó que este fenómeno de movilidad humana no es voluntario, sino que son víctimas directas de la violencia y de una situación insostenible provocada por el crimen organizado en sus regiones. "Si realmente queremos ayudar a estas personas, si queremos ser enfáticos y solidarios con nuestros hermanos de las comunidades indígenas, deberíamos de incluir al Gobierno Federal", señaló la regidora, haciendo notar que la complejidad del problema rebasa las facultades locales.
Finalmente, se aclaró que la inclusión de la federación no busca deslindar a las autoridades locales de sus responsabilidades, sino alinear las competencias correspondientes. En ese sentido, se recordó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal cuenta con atribuciones específicas y exclusivas para perseguir y sancionar conductas como el trabajo forzado y la esclavitud, términos que fueron puestos sobre la mesa durante la discusión.
- Por Federico Guevara
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