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Avalan reformas para promover cultura de paz y proteger a mujeres

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Chihuahua.- La comisión de seguridad pública y protección civil presentó un dictamen con carácter de decreto que busca reformar diversos ordenamientos legales para promover la cultura de la paz y desalentar las expresiones artísticas y musicales que hagan apología del delito y la violencia contra las mujeres.

La iniciativa, originalmente presentada el 8 de mayo de 2025 por diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), responde a la creciente preocupación social sobre el impacto de contenidos culturales, particularmente en la música, que normalizan el crimen organizado y denigran la dignidad de las mujeres.

El Dictamen propone reformar la constitución política del estado, el código municipal, la ley de desarrollo cultural y la ley para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana.
La medida central es la adición del artículo 7 Bis a la constitución política del estado, estableciendo la obligación del estado y los municipios de promover la cultura de paz, la legalidad y la prevención de la violencia a través de actividades culturales y artísticas.

Se establece que las expresiones culturales deberán respetar los derechos humanos, la dignidad de las personas y el orden público, se otorga a los municipios la facultad de establecer lineamientos para regular eventos públicos en su territorio, a fin de promocionar expresiones distintas a la apología del delito o mensajes que normalicen la violencia, particularmente contra las mujeres.

La propuesta legislativa surge a raíz de la experiencia del municipio de Chihuahua en agosto de 2023, que modificó sus reglamentos para sancionar contenidos que promovieran la violencia de género o la apología del delito en espectáculos públicos, aunque estas reformas municipales fueron impugnadas mediante un juicio de amparo (1847/2023), el poder judicial federal sobreseyó el caso. El dictamen enfatiza que este resultado demostró que regular el contenido de espectáculos públicos con fines preventivos no implica una afectación automática e inconstitucional a la libertad de expresión, ni censura previa.

La reforma estatal busca dotar de un marco legal claro y uniforme que brinde certeza jurídica a las autoridades municipales, fortaleciendo su autonomía para actuar sin temor a la invalidez de sus reglamentos.

"La iniciativa evita cualquier forma de censura previa o restricciones desproporcionadas, solo se establecen criterios orientadores y facultades para que las autoridades del estado y los municipios actúen dentro del margen de la legalidad", señala en la exposicion de motivos.

Uno de los principales debates dentro de la comisión de seguridad pública y protección civil giró en torno a la libertad de expresión y tras el análisis de criterios jurisdiccionales, la comisión concluyó que este derecho humano no es absoluto y puede ser restringido por el estado para proteger los derechos de terceros, el orden público y la seguridad nacional, conforme a los parámetros de la corte interamericana de derechos humanos.

- Enfoque Preventivo: Aunque se reconoció la facultad para restringir, el dictamen final optó por privilegiar la promoción de expresiones distintas a la apología del delito o la violencia, en lugar de centrarse en verbos restrictivos como "negar" o "revocar" permisos. La regulación específica de sanciones queda a la libertad configurativa reglamentaria de cada ayuntamiento.

- Fundamento Legal: La propuesta se alinea con el Artículo 6º Constitucional y tratados internacionales, que establecen que la libertad de expresión no ampara la incitación a la violencia o la apología de conductas delictivas.

Con estas reformas, Chihuahua busca consolidar su posición como referente nacional en el uso de la legislación cultural como herramienta de prevención social, además, el estado cumple con las obligaciones derivadas de tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que exigen a los Estados modificar patrones culturales que promuevan la violencia y la discriminación contra las mujeres.

La iniciativa subraya que, por primera vez en una constitución local en México, se establecerá un límite ético y legal explícito contra las expresiones culturales que promuevan la violencia contra las mujeres en el espacio público regulado.