Chihuahua.- La fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa con el fin de reformar tanto Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado de Chihuahua con el objetivo de garantizar la protección integral, la dignidad y la seguridad jurídica de las y los trabajadores de la educación ante denuncias infundadas y violencia institucional o digital.
Dentro de la exposición de motivos, el diputado argumentó que el magisterio como el personal de apoyo en la educación, como docentes, “han sido pilares fundamentales de la transformación social de nuestro Estado”.
Sin embargo, en años recientes, continuó la fracción parlamentaria, y debido a las dinámicas escolares y el uso irresponsable de entornos digitales han expuesto a las y los trabajadores de la educación a un entorno de alta vulnerabilidad debido a la proliferación de campañas de desprestigio, difamaciones mediáticas y denuncias penales o administrativas carentes de sustento.
“La asimetría en los procesos de queja o denuncia es alarmante. Cuando un docente, directivo o administrativo es blanco de una acusación falsa —ya sea por parte de alumnos, madres, padres de familia o tutores— se activa de inmediato un pesado aparato administrativo o penal que les presupone culpabilidad”, sentenció la bancada.
En este sentido, la bancada de Morena previó que, de no implementarse acciones protocolarias para la atención de casos de campañas de desprestigio, la situación podría derivar en atentados graves en contra de la salud física y mental de quienes desempeñan labores educativas, por lo que, según se leyó en la iniciativa, podría derivar en cuadros crónicos de ansiedad, ataques de pánico y, en casos sumamente trágicos ocurridos en nuestra entidad, el suicidio de maestras y maestros inocentes.
Por este motivo, la iniciativa propuso incorporar como obligación de madres, padres o tutores el abstenerse de realizar actos de intimidación, difamación o violencia contra docentes y personal educativo a través de la modificación del Código Penal para aumentar en una tercera parte la pena cuando el delito de amenazas tenga como víctima a una persona docente.
