Local

Visibiliza Cedehm el caso de Erika sentenciada por explotación infantil

  • Por


Chihuahua.- Tamara Terrazas, integrante del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CEDEHM), encabezó un ejercicio ciudadano frente la presidencia municipal para visibilizar el caso de Erika, una mujer que purga una condena de 13 años de prisión acusada de explotación infantil, el activismo busca evidenciar cómo el sistema judicial penaliza a las mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad sin considerar los contextos de violencia de género y precariedad económica que enfrentan.

De acuerdo con las declaraciones de la activista, Erika lleva más de cinco años recluida tras haber sido detenida junto a su entonces pareja mientras vendía dulces en la vía pública acompañada de su hija. Terrazas señaló que la afectada recurrió al comercio informal como un mecanismo de supervivencia debido a la violencia física, psicológica y económica que sufría por parte del padre de la menor, quien le prohibía trabajar de manera formal pero tampoco aportaba recursos para el sustento del hogar.

A pesar de que las agresiones físicas eran graves (llegando incluso a la pérdida de piezas dentales por los golpes recibidos), y de que la presencia de la menor en la calle respondía a que Erika era su principal cuidadora y no tenía con quién dejarla, el tribunal juzgó y sentenció a ambos progenitores con la misma penalidad, omitiendo las circunstancias de sumisión y abuso en las que se encontraba la madre.

El encarcelamiento de Erika no solo fracturó su rol de proveedora, sino que derivó en la separación familiar. Durante su estancia en el centro penitenciario, dio a luz a un segundo hijo, quien le fue retirado al cumplir los tres años de edad de acuerdo con la normativa carcelaria vigente, lo que provocó un severo deterioro en su salud emocional. Asimismo, se informó que la interna padece lupus, una enfermedad crónica y degenerativa que se ha agravado de manera considerable debido a las condiciones de reclusión.

La representante del CEDEHM explicó que tras diversas gestiones legales, Erika ha sido beneficiada con el recurso de indulto para obtener su libertad inmediata. Sin embargo, para que este beneficio se concrete, el Estado exige el pago de 40 mil pesos por concepto de reparación del daño, una cantidad que la afectada y su familia no poseen. Por este motivo, la organización civil mantiene una campaña de recaudación de fondos para cubrir el monto económico requerido.

A través del ejercicio ciudadano, en el cual se invitó a la población a emitir su postura conforme se revelaban los detalles de violencia física, económica y médica que rodeaban el expediente, el Centro de Derechos Humanos para las Mujeres enfatizó la urgencia de que los órganos encargados de impartir justicia evalúen los antecedentes de violencia intrafamiliar antes de emitir sentencias, evitando la criminalización de madres que intentan subsistir de forma autónoma.