Incapaces ante el crimen, eficaces contra las mujeres: La doble moral de Morena

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Tijuana, Baja California.— La persecución del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, contra la activista Viridiana Román, directora del Centro de Empoderamiento y Protección a la Mujer con Estrella (CEMUJER), ha escalado de las impugnaciones electorales en los tribunales a un patrón de hostigamiento institucional, abuso policial y guerra sucia digital. Este choque expone la vulnerabilidad de las defensoras de derechos humanos en el norte de México y la respuesta sistemática de las autoridades gubernamentales: el uso del aparato estatal contra el activismo y una política persistente de oídos sordos.

El pecado original de la candidatura: de la fractura interna al blindaje judicial

El proceso electoral municipal de 2024 en Tijuana estuvo signado por la división en Morena y el litigio electoral promovido por Viridiana Román y colectivas civiles, quienes impugnaron la candidatura de Ismael Burgueño Ruiz por contar con un antecedente judicial como deudor alimentario.

La pugna interna en Morena

Antes de las candidaturas oficiales, la contienda interna de Morena para la alcaldía de Tijuana se concentraba en dos liderazgos: Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa en funciones respaldada por un sector municipal, y Erik "El Terrible" Morales, excampeón mundial de boxeo impulsado por facciones ligadas al gobierno estatal. Tras meses de confrontación pública y mediciones en encuestas internas, la dirigencia nacional descartó a ambos perfiles y nombró de manera directa a Ismael Burgueño Ruiz, entonces dirigente estatal del partido. Esta decisión anuló las aspiraciones de Caballero y Morales, provocando inconformidades internas y enfocando los reflectores en el expediente personal del nuevo candidato.

La impugnación por pensión alimenticia y la norma "8 de 8"

Viridiana Román, en representación de colectivas y junto a recursos de la oposición, interpuso juicios de derechos político-electorales contra el registro de Burgueño ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC). Se alegó la violación al artículo 38, fracción VII de la Constitución Federal y los Lineamientos "8 de 8 contra la violencia", que prohíben registrar candidaturas de personas con sentencia firme por violencia de género o por ser deudores alimentarios morosos. El recurso se fundamentó en la resolución del Juzgado Primero de lo Familiar de Tijuana (Expediente 467/2015), que acreditó el incumplimiento de obligaciones alimentarias de Burgueño hacia sus hijos.

El recorrido procesal en los tribunales

El recorrido procesal por las diferentes instancias electorales mostró una postura de validación institucional hacia la candidatura de Morena. En un primer momento, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) avaló el registro señalando que el aspirante presentó su declaración bajo protesta de decir verdad y no aparecía en el registro estatal de deudores. Posteriormente, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) confirmó dicha validez, argumentando que la sentencia del juzgado familiar no derivó en una condena penal ni implicaba la pérdida vigente de derechos políticos. Finalmente, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, en el expediente SG-JDC-371/2024, ratificó los fallos locales al determinar que la resolución de 2015 no acreditaba un incumplimiento doloso ni una calidad de deudor moroso de forma reincidente o activa al momento de la contienda.

La confirmación de la candidatura y la posterior negativa de la Sala Superior para atraer el expediente desataron duras críticas de Román y diversas colectivas feministas. Las organizaciones denunciaron el uso de una interpretación técnica y formalista diseñada para proteger al candidato del partido en el poder, pues mientras la reforma "8 de 8" buscaba elevar el estándar ético de los servidores públicos impidiendo la llegada de personas con antecedentes de incumplimiento de pensión alimenticia, los juzgadores terminaron exigiendo una sentencia penal o una inscripción activa en el padrón para suspender sus derechos políticos.

Una trayectoria que cruza fronteras: El contraste entre el prestigio internacional y el encono local

Resulta una paradoja alarmante que, mientras en Tijuana el gobierno municipal despliega recursos para descalificar a Viridiana Román, la trayectoria de la activista haya sido reconocida y validada por organismos internacionales y foros globales de derechos humanos.

Nacida en la Zona Este de Tijuana, Román construyó desde las comunidades más vulnerables un modelo de atención integral en CEMUJER que ha beneficiado a más de 25 mil mujeres mediante capacitación en oficios, reactivación de estudios y asesoría jurídica. Su trabajo traspasó Baja California mediante alianzas parlamentarias en Puebla, Tlaxcala, la Cámara de Diputados y el Senado de la República para combatir la trata de personas y la violencia de género, impulsando además más de 17 reformas legislativas locales —entre ellas la tipificación de la violencia vicaria y la creación del Observatorio de Medidas de Protección—.

Su labor comunitaria le valió en Baja California el Premio AURA, pero su alcance pronto tomó dimensiones globales:

Naciones Unidas (Nueva York): Participó en las actividades del proceso Beijing+30 en la sede de la ONU, representando la agenda de derechos de las mujeres en fronteras.

Cumbre Latinoamericana de Mujeres (Ecuador): Ponente internacional en Ambato, compartiendo la metodología mexicana de construcción de paz y prevención de la violencia.

Foros en Europa: Participación en encuentros sobre liderazgo internacional en España y agendas de equidad vinculadas a la FAO en Roma, Italia.

Coorganizadora en Corea del Sur: Invitación a CEMUJER como entidad coorganizadora y panelista en un encuentro internacional sobre edificación de paz y derechos humanos.

Red de cooperación: Articulación y trabajo conjunto con más de 100 organizaciones no gubernamentales de América Latina, Europa y Asia.

Que una líder social con este respaldo y legitimidad internacional sea catalogada en su propia ciudad como blanco de descrédito por el Ayuntamiento expone con claridad que el conflicto no es sobre la validez de su trabajo, sino sobre la incomodidad que causa su contraloría social al poder político.

De las urnas al acoso: el brazo municipal contra la activista

Con la llegada de Ismael Burgueño a la alcaldía, la confrontación migró de la arena legal electoral a la gestión cotidiana del municipio. Viridiana Román y CEMUJER han denunciado una escalada de acciones arbitrarias orientadas a neutralizar su labor comunitaria.

Entre las principales agresiones destacan las retenciones viales y operativos ejecutados por la Policía Municipal de Tijuana —incluyendo intervenciones nocturnas donde la activista debió transmitir en vivo por temor a su integridad—, acompañadas de la filtración no oficial de fotografías de su aseguramiento en redes sociales. De forma paralela, se ha documentado la proliferación de perfiles coordinados y portales digitales dedicados a difundir acusaciones en su contra, lo que llevó a la activista a exigir auditorías a las partidas de Comunicación Social del Ayuntamiento para descartar el uso de fondos públicos en campañas de desprestigio.

Ante este panorama, Román ha canalizado quejas formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y la CNDH, solicitando medidas cautelares para el equipo de CEMUJER. Por su parte, la administración municipal ha mantenido una postura de desestimación: el alcalde ha evitado el debate público directo con la activista, mientras las dependencias oficiales rechazan las acusaciones de persecución política y catalogan los incidentes como procedimientos de rutina o diferendos entre particulares.

Morena contra las mujeres en el norte: analogías en Sonora, Sinaloa y la región

La dinámica observada en Tijuana no es un hecho aislado; responde a un modelo de respuesta institucional extendido en el norte de México, donde el poder local utiliza el aparato de seguridad y la narrativa oficial para desacreditar, ignorar o criminalizar la protesta social y el activismo.

1. Sonora: La estigmatización y el desdén a Madres Buscadoras

En Sonora, el liderazgo de Cecilia Flores y las Madres Buscadoras ha enfrentado un esquema similar de oídos sordos por parte del gobierno estatal y federal. Cuando el colectivo localiza fosas clandestinas o exige garantías de seguridad tras recibir amenazas de muerte, la respuesta de las autoridades oscila entre la minimización del riesgo, la negativa a otorgar medidas de protección efectivas y la descalificación pública. Al igual que en Tijuana, la autoridad sonorense suele apelar al argumento de que los activistas persiguen "intereses políticos" para desacreditar el fondo de sus demandas.

2. Sinaloa: Ocultamiento institucional y criminalización en el Pacífico

En Sinaloa, los colectivos de derechos humanos y familias de personas desaparecidas enfrentan una estrategia gubernamental enfocada en la negación de la crisis sociopolítica. Las denuncias por omisión de las fiscalías y la connivencia de los cuerpos policiales son respondidas con burocracia paralizante o campañas mediáticas que señalan a las víctimas de tener vínculos con la delincuencia organizada. La desatención del gobierno sinaloense ante los reclamos civiles refleja la misma retórica empleada en Baja California: ignorar el testimonio de la activista y usar el peso del aparato mediático oficial para matizar los hallazgos.

3. El paralelismo regional de la respuesta estatal

Al contrastar los casos de Baja California, Sonora y Sinaloa, se evidencia la constante aplicación de un mismo mecanismo de desestimación estatal. Mientras en el caso de Viridiana Román en Tijuana la autoridad recurre a campañas digitales de desprestigio, detenciones viales intimidatorias y un estricto formalismo electoral para blindar a la figura política en el poder, en Sonora el gobierno responde desestimando las fichas de búsqueda de las Madres Buscadoras, descalificando sus llamados en espacios oficiales y retirando esquemas de protección. En Sinaloa, por su parte, la respuesta institucional se traduce en el ocultamiento de cifras de violencia, la estigmatización constante de los familiares de las víctimas y la imposición de tramas burocráticas paralizantes.

4. La constante regional: Tres pasos de la impunidad estatal

En conjunto, estos tres escenarios regionales revelan un patrón compuesto por tres fases bien definidas: primero, un blindaje legalista mediante interpretaciones restrictivas de la ley para exonerar a actores políticos; segundo, una guerra de baja intensidad basada en acoso policial, violencia digital y descrédito público; y finalmente, un muro de silencio traducido en la negativa sistemática a abrir mesas de diálogo o investigar las denuncias presentadas ante fiscalías y contralorías, apostando al agotamiento de las activistas o al olvido mediático.

El caso de Viridiana Román frente al ayuntamiento de Ismael Burgueño ilustra cómo las reformas legales orientadas a proteger a las mujeres y sancionar la violencia de género se enfrentan a resistencias institucionales cuando afectan a las élites políticas. La persistencia de este modelo en la frontera norte mantiene a la sociedad civil en un estado de vulnerabilidad permanente ante el uso patrimonial de la fuerza pública.

Y como se demuestra día a día, los gobiernos de Morena en el norte de México son incapaces contra el crimen y muy eficaces contra las mujeres.