*Consejeros del IEE en aguas termales *Buscan al chamán de la armonía *Latorre abrogará el artículo 333 *El apaga fuegos que los enciende

EL artículo de la semi bestia, por ser el 333 del código penal sustantivo, será abrogado por el congreso local. El mismo Miguel Latorre, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, tomará cartas en el asunto de manera directa. Ciertamente, ese pequeño frankestein jurídico, no fue aprobado por la actual legislatura, ni propuesto por el nuevo gobierno de estado. El asunto es que está ahí, vivo, vigente, listo para vulnerar en cualquier momento las garantías individuales y los derechos humanos de los chihuahuenses. Con ese artículo, cualquier periodista podría ser encarcelado por ejercer la libertad de expresión, imputado por la comisión de un delito de carácter penal. Un meme, un cartón, una caricatura, una animación o un audio con tintes de crítica periodística, en que apareciera un personaje de la política, sería suficiente para llevar a juicio a cualquier ciudadano. La buena noticia es que el congreso local hará lo propio para abrogar ese numeral y extirparlo del código con pinzas.

LOS consejeros del Instituto Estatal Electoral y algunos de sus directivos, aprovecharon el puente para irse juntos a unas aguas termales. Dicen que andan en busca de El Chamán, que les regrese la armonía perdida, después del episodio del caprichito de Rocío Olmos, como le llamara Rodolfo Leyva. Hicieron todo en secreto, sin que nadie supiera, para que luego algún periodista metiche no fuera a enterarse. Arturo Meraz, Cata Espino, Saúl Rodríguez, Gilberto Sánchez, El Rojillo Alonso Basanetti, María Elena Cárdenas y Julieta Fuentes Sánchez, decidieron usar el puente del benemérito de las Américas, para recomponer el instituto. El desgaste fue intenso, pues hubo de todo en la intentona de acomodar ahí a Ricardo Gándara, el esposo consentido de la administración, al que no pueden acomodar en ningún lado. Algunos dicen que fueron a ver si restablecen las buenas relaciones entre ellos. Otros, de plano, dicen que Arturo Meraz fue a las aguas termales a remojar sus barbas. El Paisa, ya se sabe, trae la intención de renovar todas las instituciones y organismos habidos y por haber. Así que, no se halla cómo pueda ser el IEE la excepción.

EL Rector de la Universidad Tecnológica Sur, César Modesto Acosta, anda de apaga fuegos políticos. Nada más que, en lugar de aplastarlos, parece que les sopla, porque, a donde va, las llamas crecen hasta el cielo. Al menos, dicen, ya suman dos los siniestros a los que acude en calidad de bombero pero sale acusado de ser el incendiario. Primero fue en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, en Guachochi, a donde fue enviado para sofocar la revuelta estudiantil y magisterial. El resultado de su operación dizque política fue que los inconformes instalaron casas de campaña y anunciaron que no las levantarían sino hasta que les cumplieran sus exigencias. Luego, en su propio plantel, allá por el complejo de seguridad, le estalló la bomba en sus manos. Maestros y estudiantes hicieron un paro por unos despidos que efectuó César Modesto sin consultar ni consensar con nadie. Solo falta que lo manden al Colegio de Bachilleres, pero, la verdad de las cosas, ni falta hace, pues ahí solitos le quitan el seguro a la granada.

LOS que saben, de asuntos jurídicos y cosas aún más inextricables, dicen que no les hallaron nada a Otilia Flores y Gerardo Baca. Los enviados del congreso, que en realidad fueron apoyados por personal del tribunal superior de justicia, para salvar la intromisión de poderes, fueron, revisaron, levantaron su acta y se regresaron. No le darán, al parecer, buenas noticias a la diputada Citlálic Portillo, que, por cierto, les ordenó que volvieran hasta que hallaran algo en la sala de los dos magistrados parralenses. Sin embargo, no hallaron buenas noticias y las actas que levantaron reportaron los hechos de manera objetiva. Por ejemplo, en el caso de la magistrada Otilia, encontraron que en su sala se han radicado 1,600 tocas, de los cuales solo calan 20 por resolver, pues no existe rezago alguno. En tres años han otorgado 20 amparos de sus resoluciones, porcentaje que no es nada en comparación a los toca resueltos. Donde sí están atorados es con Julio César Jiménez Castro y el personal de apoyo del TSJ, pues al parecer violaron el artículo 229, fracciones 13 y 23, de la ley orgánica, al facilitar la intromisión de otro poder y permitir la denostación de los magistrados. Aquí si hay pleito y Otilia ya amenazó hasta con irse a una huelga de hambre y recurrir a los tribunales internacionales para reforzar su defensa si siguen los atropellos en su sala.

LA comisión primera de gobernación y Puntos Constitucionales, que preside la diputada Citlálic Portillo, citó a reunión urgente. El cónclave de legisladores se llevará a cabo este martes a las 17:00 horas en la planta bajo de la torre legislativa. El tema es que, al día siguiente, vence el plazo de 90 días otorgado por la ley para reponer el procedimiento de los dos magistrados de Parral. Otilia Flores y Gerardo Baca, fueron sujetos de un nuevo procedimiento de reelección, según el decreto del congreso que revocó su ratificación. Es decir, el mismo martes, la comisión deberá señalar en su dictamen si los reelige o, de plano, le da para atrás a su nombramiento. El problema es que solo están obligados a emitir el dictamen por parte de la comisión de gobernación, pero no a subirlo al pleno, por lo cual no podrá ser votado en la sesión. La suspensión definitiva del amparo que obtuvieron los magistrados, obliga al congreso a esperar la resolución de fondo en el juicio de amparo. Por eso, se les agotó el tiempo -a Citlálic Portillo, de la que dicen no está titulada como licenciada en derecho- y por ello deben concluir su dictamen, pero luego estarán quietos en primera hasta que el juez de distrito diga si otorga o no el amparo.

EL NEW York Times hizo una publicación en la cual se expone el temor de que en México exista un retroceso en material penal. Una iniciativa de reforma, enviada por César Camacho Quiroz, haría temblar el sistema garantista para darle más poder al estado en los casos criminales. Dos personajes chihuahuenses aparecen en la publicación neoyorquina. Alejandra Ramos, una jueza penal, con estudios de doctorado en derecho por la Uach, y el Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, del Tribunal Superior de Justicia. Para la jueza Ramos, no solo se trata de una contrarreforma, sino, además, de permitir de nueva cuenta pruebas obtenidas mediante la tortura. Según la nota, la iniciativa pretende extender poderes a los militares para ejecutar órdenes de arresto, intervenir comunicaciones privadas, revisar escenas del crimen y aplicar tareas de inteligencia. Pablo Héctor González Villalobos resume el tema así: se trata de controlar el crimen con arrestos arbitrarios o hallar algo que se asemeje más a la justicia.