La columna

Por Carlos Jaramillo Vela 

Corral-Campos: una ríspida y riesgosa relación.

Los bonos del Secretario de Salud: otra incongruencia del gobierno de Corral.

Los posicionamientos públicos del gobernador Javier Corral y del auditor superior, Ignacio Rodríguez, en torno al polémico nombramiento de éste, revelan la enorme distancia que hoy existe entre los grupos que gobiernan a Chihuahua y dirigen al PAN en el estado. Mientras Corral ha salido a los medios a afirmar que no publicará el decreto del Poder Legislativo porque considera ilícito el nombramiento de Rodríguez, éste a su vez ha convocado a una rueda de prensa para sugerirle al gobernador que respete la división de poderes absteniéndose de intervenir en los asuntos del legislativo, así como para reiterar que él sólo acatará las disposiciones provenientes del Congreso, en virtud de ser la Auditoría Superior del Estado (ASE) un órgano técnico dependiente de dicho cuerpo colegiado. Así, sin cuidar del todo las formas, están siendo llevadas al terreno público-mediático las diferencias y rivalidad existentes entre los grupos “coyuntural” (Corral-Álvarez-Gámez-Jáuregui Robles-Riggs-Madero) e “institucional” (Campos-Vázquez-LaTorre-Jáuregui Moreno) en torno a los cuales hoy se congregan las principales tribus panistas en la entidad. Se percibe, pues, un desafío abierto y sin tiempo de conclusión determinado. Al generarse éstas públicas disputas pareciera que los responsables formales y morales del PAN no le confieren importancia al hecho de que prácticamente se halla en puerta el proceso electoral 2018, y tampoco parece resultarles relevante lo que la opinión pública piense sobre el complicado escenario en el que los panistas se hallan a causa de sus pugnas y desacuerdos.

A tal grado ha llegado la confrontación que, según lo publicado por uno de los más prestigiados medios electrónicos de comunicación chihuahuenses, los mismos empleados de la ASE han admitido que Armando Valenzuela, el auditor superior que con la aprobación de los diputados -pero por invitación del Secretario de Hacienda, como lo reveló el mismo Valenzuela- antecedió en modo interino a Rodríguez, aún sigue asistiendo a “laborar” en dicha institución, pese a que Rodríguez ya tomó posesión de su puesto y se encuentra en el ejercicio de sus funciones. Injerencista –como la calificó Jaime García Chávez-, temeraria y desafiante es, sin duda, la forma en la que Javier Corral está conduciendo los asuntos públicos, al enrarecerlos con una mescolanza de intereses políticos y ambiciones de facción, que podrían resultarles contraproducentes en términos de imagen, tanto a su partido como al gobierno que encabeza. Semanas atrás el referido abogado, activista y político, García Chávez, ante los medios se manifestó en contra del “injerencismo de Javier Corral que deja sentir que una cosa es la Ley y otra una especie de logia ultraderechista que busca apoderarse de las instituciones”. La prudencia debe ser la consejera que guíe permanentemente las decisiones y acciones de Corral, a quien en 2016 el electorado no entregó un cheque firmado en blanco, sino la encomienda para gobernar. El 2018 está a la vuelta de la esquina, y las urnas darán su veredicto popular.

Otro de los temas discutidos en los últimos días, que alcanzó decibeles mediáticos de proporciones calificables como escándalo, es el relativo a los bonos extraordinarios que Ernesto Ávila, Secretario de Salud del gobierno estatal, se autorizó y pagó a sí mismo y a varios de sus colaboradores, a principios de enero de 2017. Los 102 mil 874 pesos que Ávila cobró, y el millón 830 mil pesos que en total arrojó la suma de bonos repartida entre él y otros de sus funcionarios tres meses después de iniciado el actual gobierno, han desatado señalamientos de incongruencia a la administración de Corral, pues uno de los principales reclamos que el mandatario ha argumentado desde que asumió la gubernatura ha sido la falta de dinero. Por ello, se ha gestado una diversidad de expresiones de desaprobación y rechazo al darse a conocer a la opinión pública la auto asignación extraordinaria de recursos que Ávila y otros funcionarios se hicieron, en adición a sus sueldos. Cualquier funcionario de primero, segundo o tercer nivel en el gobierno de Chihuahua sabe que los movimientos financieros para efectuar pagos especiales que implican importes como el resultante del bono cercano a dos millones de pesos que se asignó Ernesto Ávila para sí y para algunos de sus compañeros, jamás se hacen sin la consulta previa al Secretario de Hacienda y/o al titular del ejecutivo.

Es obvio que el gobernador, o al menos el jefe de las finanzas estatales, no sólo estaban previamente enterados del asunto, sino que lo habían consentido. Además, otra de las fuertes críticas que se les han formulado a Corral y Ávila a raíz de este sonado caso, se desprende del supuesto de que los recursos con los que el jefe de salud y sus allegados se adjudicaron el multicitado bono eran provenientes de una partida presupuestal federal de fondos “etiquetados”, cuya aplicación debe ser destinada para gasto de inversión –medicamento, infraestructura y/o equipo- y no para gasto corriente como terminó ocurriendo. Así las cosas, resulta ofensivo, incongruente y falto de ética política, que a tan sólo noventa días del inicio de su ejercicio quinquenal, un gobierno y una institución de salud que se han dicho una y varias veces carentes de recursos así como dispuestos a hacer una administración responsable de los mismos, destinen sus escasos fondos al pago de gratificaciones especiales para sus más altos funcionarios.   

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