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Buscan sancionar a funcionarios que impidan investigaciones de feminicidio

Chihuahua.- La mesa técnica encargada de buscar la tipificación del feminicidio y las penalidades a quienes se encuentren responsables del delito, propusieron el dar hasta ocho años de carcel a los...
  • Por Gabino Sandoval
Buscan sancionar a funcionarios que impidan investigaciones de feminicidio

Chihuahua.- La mesa técnica encargada de buscar la tipificación del feminicidio y las penalidades a quienes se encuentren responsables del delito, propusieron el dar hasta ocho años de carcel a los funcionarios públicos que impidan la impartición de justicia a quienes sean culpables.

Encabezada la mesa por la diputada Laura Marín, presidenta de la comisión de justicia, se redactó un párrafo, sujeto a cambios, que pretende castigar con prisión a quien entorpezca la justicia.

Asimismo, se llegó al acuerdo de sancionar a todo aquel funcionario público que no aplique el protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género o entorpezca la impartición de justicia con prisión de dos a siete años, así como la destitución de su cargo e inhabilitación de dos a ocho años.

Por su parte, el representante del colegio de abogados, Miguel Ángel Franco Anaya, expresó que se debe ampliar más los parámetros de sanción, pues según su perspectiva se debería abarcar a mandos superiores por omisiones.

Asimismo, se planteó el agregar que dentro de seis meses posteriores a la aprobación de la Ley se trabaje en un protocolo para la investigación de víctimas del feminicidio que sea estatal, basándose en los ya existentes.

A continuación el probable párrafo de cómo quedaría redactada la sanción a funcionarios públicos: 

"Al servidor público que no aplique el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, o retarde o entorpezca por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de dos a siete años y de quinientos a mil días de multa, además será destituido e inhabilitado de dos a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión publicas. Si el retardo o entorpecimiento es doloso, la pena de prisión e inhabilitación se aumentarán en una mitad"

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