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Reformas judiciales ya hubo en Chihuahua

  • Por José Carlos Medina Armendáriz
Reformas judiciales ya hubo en Chihuahua

Primera parte:

La reforma judicial es algo que parece nuevo, sin embargo, el Poder Judicial ha sufrido lesiones a su independencia por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua desde hace varios años.
 
El primer antecedente (del que tengo memoria) fue en diciembre de 2010, cuando ocurrió el homicidio de Marisela Escobedo, quien realizaba una protesta y manifestación pacífica, por estar inconforme con la resolución judicial del caso de su difunta hija Rubí Frayre Escobedo, lo cual ocurrió afuera del Palacio de Gobierno en Chihuahua, Chih. Inmediatamente el entonces gobernador César Horacio Duarte Jáquez, solicitó al Poder Judicial del Estado ordenara la suspensión en labores de los jueces penales de primera instancia Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, por haber absuelto en primera instancia al presunto responsable Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el homicidio de Rubí Frayre Escobedo, lo cual fue acordado de conformidad por los Magistrados que integraban el Pleno del entonces Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Posteriormente a estos tres jueces les fue iniciado un Juicio Político en el Congreso del Estado de Chihuahua para ser destituidos, y en marzo de 2011 estos decidieron renunciar a sus encargos como jueces de primera instancia.
 
Ulteriormente, el 05 de octubre de 2013, en el marco de la sucesión de la Presidencia del Pleno del Poder Judicial Local, el pleno de los Magistrados nombró como presidente y representante de este poder al Magistrado José Alberto Vázquez Quintero, quien no era una figura allegada del gobernador del estado, el que renunció el 28 febrero de 2014, aduciendo motivos de salud, para elegirse como nuevo Presidente a José Miguel Salcido Romero, quien tenía escasos meses de haberse integrado a la judicatura local, como titular de la recientemente creada Sala de Control Constitucional. Bajo su presidencia, se continuó con la sumisión de los Magistrados que integraban el pleno y el poder legislativo del estado modificó la ley orgánica el 29 de octubre de 2014, a efecto de jubilar a los Magistrados de mayor edad, y poder proceder a la elección de 13 nuevos Magistrados a quienes se les señaló como figuras afines al entonces gobernador en turno César Duarte Jáquez.
 
El 08 de diciembre de 2015, el Congreso del Estado le concedió al presidente del Poder Judicial, José Miguel Salcido Romero, licencia para ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación Estatal, órgano dependiente del Poder Ejecutivo Local, en esa misma fecha el pleno designó a Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes nuevo Magistrado Presidente interino por la licencia concedida a José Miguel Salcido, quien a los pocos días renunció al cargo de Secretario de Educación y fue jubilado como magistrado. En ese orden, el 05 de enero de 2016, Sepúlveda Reyes fue elegido como presidente definitivo.

Segunda parte:

Primeros Concursos de Oposición.- Estos comenzaron el día 28 de septiembre de 2016, cuando se publicaron las bases para los concursos públicos de oposición No. 1/2016, 2/2016 y 3/2016, donde se convocó por parte de la Comisión de Administración del Poder Judicial local a la ocupación de 75 plazas de jueces de primera instancia.
 
Sin embargo, en el periodo de octubre a noviembre de 2016, cuando asumió la nueva legislatura estatal de mayoría panista (Partido Acción Nacional) y el entonces nuevo gobernador Javier Corral Jurado, estos se encontraban plenamente confrontados contra la cabeza del Poder Judicial local, que en ese entonces presidía el Magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes a quien identificaban como pieza clave del gobernador saliente César Duarte Jáquez.
 
En ese mismo mes, el congreso local reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Constitución Local, a efectos de crear el Consejo de la Judicatura que sustituiría a la Comisión de Administración, así también mediante los artículos transitorios de dicho decreto, se destituyó al presidente y se dejó sin efectos las convocatorias que en ese entonces se estaban llevando a cabo para realizar un concurso de oposición, donde se nombrarían jueces de primera instancia del fuero local.
 
Cabe resaltar, que el Congreso del Estado de Chihuahua, tuvo de entre otros motivos para dejar insubsistente dichas convocatorias, las denuncias de irregularidades presentadas por jueces provisionales, de entre los que destacan los hoy Peticionarios, como se advierte de la siguiente transcripción de la Pág. 395 del Diario de Debates del día 03 de noviembre de 2016:
 
[e).-] Finalmente, debe añadirse:
[a).-] que las controversias que se susciten durante el concurso son resueltas por comités respecto de los cuales el Presidente del Tribunal también tiene mayoría. Porque él junto con sus subalternos que tienen voz y voto- superan a los magistrados que forman parte de ellos.
[b).-] que las reglas de los recursos para impugnar cuestiones del concurso son poco claras, es decir, aquí el aspirante no tiene reglas claras para poder interponer un recurso o una queja en base al resultado final del concurso. Por citar un ejemplo, hace aproximadamente cinco semanas, múltiples concursantes que actualmente ejercen el cargo de juez de manera provisional denunciaron irregularidades similares a las que se han expuesto y, hasta este momento en el que, por ejemplo, uno de los cursos ya lleva tres semanas ni siquiera se ha dado contestación a estas quejas.
 
Por otro lado, dicho decreto ordenaba en sus artículos transitorios que asumiría funciones como presidente del poder judicial local el magistrado con mayor antigüedad, quedando en funciones el licenciado Julio César Jiménez Castro; en contra de ese decreto, se interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por parte del Magistrado Jorge Ramírez Alvídrez como representante del Poder Judicial Local, mismo que quedó radicado en el expediente No. 150/2016, por violentarse la independencia del poder judicial por parte del legislativo estatal.
 
A mediados del año 2017, el Congreso del Estado amplió las facultades del Consejo de la Judicatura en materia de administración, disciplina, así como para nombrar y remover jueces y magistrados mediante la creación y supresión de las Salas donde estos laboran, siendo a finales de ese año que el magistrado destituido (Sepúlveda Reyes), así como al magistrado que interpuso la controversia constitucional (Ramírez Alvídrez), fueron suspendidos en su encargo sin tener siquiera un procedimiento de responsabilidad abierto en su contra, pero, después de interponer y ganar dos amparos Ramírez Alvídrez y Sepúlveda Reyes serían restituidos en su encargo.
 
En contra de este segundo decreto (en el que se amplió las facultades del CJE), se interpuso una segunda controversia constitucional que quedó bajo el número 179/2017, pues esta ampliación de facultades daba al Consejo de la Judicatura prerrogativas tan amplias que lesionaba la independencia del Poder Judicial que se supone debe de administrar y no controlar.