Por Ricardo Luján
Con la aprobación por los diputados de Morena de varias iniciativas cruciales para la vida nacional, en la última semana el gobierno de Claudia Sheinbaum dio un gran paso hacia la consolidación de la dictadura.
En sus ansias locas por corromper a las Fuerzas Armadas el gobierno de la 4T ha llegado demasiado lejos al permitirle a miembros del Ejército no solo controlar la seguridad pública sino también darles la oportunidad de participar como candidatos a puestos de elección popular.
Lo que durante los setentaitantos años de gobierno priista era impensable, en tiempos de Morena será una realidad: tenientes alcaldes, coroneles gobernadores y generales presidentes de la república (que ya no es república). Así que en un futuro cercano no nos extrañe ver a algún diputado o senador pavonearse en el Congreso muy empistolado.
Y por si esto fuera poco también hasta de policías la harán con la evidente militarización de la seguridad pública, que por disposición constitucional deberían estar al mando de autoridades civiles.
Más tardó López Obrador en prometer en su toma de posesión que los militares permanecerían en los cuarteles que en empezar a darles cargos y presupuestos de obras emblemáticas como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y el control de las tareas de seguridad pública a nivel federal, lo que para Human Rights Watch constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia.
Los temores son fundados y “se basan en denuncias de víctimas de innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad”, señaló Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch.
“Los militares, que han sido desplegados a tareas de seguridad pública, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, afirma el organismo derechohumanista
Las nuevas leyes facultan a los militares a seguir realizando una amplia variedad de tareas tradicionalmente desempeñadas por las autoridades civiles de seguridad pública. Estas incluyen detener e interrogar a civiles, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares.
En el historial de arbitrariedades cometidas por soldados y marinos figuran detenciones arbitrarias, en ocasiones sobre la base de pruebas inventadas, golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y, a veces, han amenazado con violarlos, a menudo para extraer confesiones por la fuerza.
Otras denuncias son por ejecución de civiles no armados y desapariciones forzadas, tortura y siembra de armas y drogas con fines incriminatorios.
El plan inicial de López Obrador de empoderar al Ejército y enriquecer a la casta de generales se viene a consolidar con las recientes maniobras legislativas del partido en el poder.
En los próximos años, con las camadas de militares que arribarán al Congreso, el Ejército tomará un poder inusitado e ilimitado. Y habrán de surgir temores de dictaduras militares y cuartelazos, como antaño ocurría en casi todos los países latinoamericanos.
Ahora cada vez será más posiblen que en nuestro país se instaure un régimen militar como los tuvo Argentina con Videla, Chile con Pinochet y Paraguay con Stroessner.
También será común, dada la conformación del Congreso y las amplias cuotas de poder a los militares, pensar en eventuales cuartelazos, cuando por algún motivo el obradorato lo llegara a necesitar.
Porque quien sigue y seguirá mandando en el México populista es López Obrador, quien opaca totalmente la figura de Claudia a quien no se le ha visto plan de gobierno o alguna obra insignia, puro seguimiento de obras de su antecesor.
Hemos llegado a un punto en donde el panorama para la democracia es desalentador, con un gobierno sin contrapesos que se encargó de corromper al poder legislativo y someter por las malas al poder judicial a través de un fraude de estado para simular la elección de funcionarios judiciales.
Otras dos calamidades que acabarán de darle en la torre a la joven democracia mexicanas son la Ley de Telecomunicaciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los periodistas han bautizado respectivamente como “ley mordaza” y “ley espía’, que representan una grave amenaza a la libertad de expresión, los derechos humanos, la privacidad de las personas y las libertades fundamentales en México, y representan un claro retroceso democrático.
Se trata, entonces, no solamente de una cuestión política sino de libertades, pues el gobierno federal usará ese poder para mantener vigilados a adversarios políticos por el solo hecho de pensar diferente.
No se trata solo de una política digital de bienestar, sino de un fisgón tipo “Big Brother”, pensada más para espiar que para proteger, para controlar más que dar seguridad. Será sin duda un riesgo y una amenaza a la privacidad de los ciudadanos.
La ley por aprobar obligaría a que cualquier particular o ente gubernamental en posesión de bases de datos sobre armas y de personas detenidas y sentenciadas (pero también referente a catastros, de la propiedad y de comercio, así como registros fiscales, de servicios financieros, de transporte y salud), colabore con la Sistema Nacional, nuevo ente coordinado por la SSPC y presidido por el titular del Ejecutivo.
La oposición considera que la “ley espía” permitirá al gobierno federal -con solo teclear el CURP de cualquier ciudadano mexicano-, tener acceso a su foto, huellas digitales, compras en Amazon, Mercado Libre, Uber, o de algún servicio similar, podrá conocer dónde anda un ciudadano, en qué hotel se hospeda, qué compra, qué vende, a qué hora sale de casa o del trabajo, con quién se reúne.
Así las cosas aunque Morena, el PT y el PVEM digan que la reforma es un paso para combatir al crimen organizado, la verdad es que tendrá un terrible impacto en la moribunda democracia, que cada vez se mira más lejana conforme se consolida el régimen dictatorial.
José Luis Contreras
Bastante enchilados andan los candidatos a jueces y magistrados en la nunca bien ponderada Ciudad Juárez, pues nos hicieron saber que José Luis Contreras y Marino Torres Chuca los juntaron para ofrecerles la estructura y cobijo de su padrino el Loerilla Juan Carlos Loera de la Rosa, todo por la módica cantidad de doscientos cincuenta mil morlacos a cada uno de los aspirantes, los cuales obviamente los tiraron a Lucas; este par de pillos que ahora le hacen al “operador político” también son candidatos a juez y magistrado federal, cada uno en Juaritos, y tienen un negro historial ya ampliamente conocido, pues Contreras tiene varias denuncias por acoso sexual y fue balconeado en las pintas de la marcha del ocho de marzo, además de que su paso por la administración estatal y federal deja mucho que desear, pues como administrador de la Aduana de Chihuahua se le “perdió” una avioneta incautada, ya no se diga de su gris paso por la Fiscalía General del Estado como Ministerio Público, y de juez “provisional” que no fue ratificado en la elección judicial del estado en 2018; este par de cacos actualmente se encuentran haciendo daño en la delegación del ISSSTE e INFONAVIT allá en la frontera.
A José Luis Contreras, titular del jurídico del Issste en Chihuahua y candidato a Juez Mixto Federal con la boleta #15, le pesan denuncias por acoso sexual y laboral, por parte de mismas trabajadoras del Instituto.
La denuncia la emitió un colectivo para la protección de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en Chihuahua.
Y en su petición de difundir la “fama de misógino, abusador y acosador”, aseguraron que sus conductas están más que acreditadas en el Issste, pero el Comité de Ética lo protege, pues Contreras Cruz se ostenta como un protegido del senador Juan Carlos Loera, mencionan en dicha acusación.
“Es candidato a Juez Federal y por eso se siente intocable”, se agrega.
Además, el colectivo adjuntó como evidencia denuncias de hostigamiento sexual y acoso laboral de sus víctimas dentro del mismo Issste.
En una breve búsqueda en la red, se hallaron múltiples publicaciones donde se identifica al abogado como militante de Morena desempeñando varios cargos relacionados con el partido ante el INE, en años anteriores.
Sabela Patricia Asiain Hernández
Una mujer identificada como Momis Villegas hizo pública, a través de redes sociales, una grave acusación en contra de la jueza Sabela Patricia Asiain Hernández, titular del Juzgado Décimo de lo Familiar por Audiencias y actual candidata a magistrada.
En su publicación, Villegas acusó a la jueza de haber favorecido en un juicio a su expareja, Rafael Licona Merjil, quien –según la denunciante– cuenta con carpetas de investigación y antecedentes penales por violencia familiar, conforme a las causas penales 1410/22 y 3015/22, una de ellas relacionada con agresiones a una de sus hijas menores.
La denunciante señaló que el presunto agresor actualmente se encuentra en libertad condicional cumpliendo una condena, y que además tiene abierta otra carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), bajo el número 19-2023-0020764, por violencia ejercida contra la menor que, según ella, la jueza Asiain entregó al padre.
A continuación, se reproduce íntegro el mensaje difundido por Momis Villegas, quien asegura haber luchado durante años por la protección de sus hijos frente a un entorno de violencia y abuso:
“Yo soy quien hizo la anterior publicación. No tengo miedo a tus represalias ni a tus múltiples amenazas. No tengo a nadie detrás de mí para que lo tomes como violencia política. Soy solo una madre a la que afectaste, junto a sus tres hijas menores.
No dudo que ganes, ya que tus influencias son de gran renombre. Mi intención con estas publicaciones es únicamente que el pueblo sepa que puedes tener mil casos en apoyo a las mujeres, pero el mío no fue uno de ellos.
Beneficiaste ampliamente a Rafael Licona Merjil, quien cuenta con antecedentes policiales y penales por las causas 1410/22 y 3015/22, ambas por violencia familiar; una de ellas por violencia contra una de mis hijas menores. Fue declarado culpable en ambas y actualmente se encuentra en libertad condicional cumpliendo condena. Además, hay una carpeta abierta en la FEM, número 19-2023-0020764, por violencia hacia la menor que tú le entregaste.
En esa carpeta se encuentra una declaración de mi otra hija, quien relata una llamada de auxilio por violencia física y verbal ejercida por su padre, presuntamente en estado de ebriedad. También hay un celular como prueba clave, con audios en los que la menor le pide ayuda a su abuela paterna para que la recoja, ya que su padre estaba ebrio a las 11 de la noche. La abuela respondió que no podía hacer nada por miedo.
Todo esto te fue presentado como prueba, y aunque las aceptaste, las ignoraste, porque tomaste el juicio como algo personal contra mí. Te dejaste llevar por la petición de la niña de querer quedarse con su padre (el agresor). ¿Qué esperabas? ¿Si llevaba cinco años sin vernos a mí ni a sus hermanas? ¿Qué esperabas si el padre es un manipulador, chantajista, y en los peritajes psicológicos siempre asumió el rol de víctima?
Me acusaste de haber abandonado a mi hija en una institución (la UNA), solo con el dicho del agresor, sin pruebas, y por eso me impusiste una orden de restricción. Llevo más de tres años sin poder hablar con ella. Ni siquiera ordenaste convivencias supervisadas.
Si tú crees que no soy lo suficientemente capaz para tener a mi hija, cuando crío a tres menores más, lo acepto. Pero había otras opciones antes de dejársela a un agresor.
A pesar de tus absurdas decisiones, no me daré por vencida. Aunque tú y tu personal claramente están hartos de mi presencia, seguiré luchando por mi hija. Prueba de ello es que asistí a la lectura de sentencia, donde me trataron como si fuera una delincuente. En esa audiencia –grabada el 2 de abril– dijiste que el 3 de abril anexarías la sentencia al expediente, pero la subiste hasta el 23 de abril. ¿Qué querías? ¿Que no apelara?
No me rendiré. Viví un infierno con esa persona y sé que mi hija también lo está viviendo. Sé que corro riesgos por hablar, pero te hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a mis seres queridos. También te responsabilizo de los traumas que cargan mis hijas por no poder convivir entre ellas, especialmente mi hija de 10 años, que no tiene contacto con su madre ni con su familia materna.
Al día de hoy, ya no tengo nada que perder.”
Esta fuerte publicación provocó diversas reacciones, cuyos comentarios de hombres y mujeres dejaron ver su molestia ante lo que consideraron una injusticia y un peligro para las mujeres y, en este caso, para las hijas de Momis Villegas. Además, reconocieron su valor por no temer a denunciar estos actos y, sobre todo, por evidenciar a quien consideraron una persona que no debe ocupar estos cargos, y el peligro que representa su postulación para un puesto de mayor poder.
Uno de estos comentarios fue el de:
Ricardo Rosa Cord
"Está muy complicado elegir una lista de candidatos... porque en general nadie se merece ganar... pero hay que elegir a la menos peor... para que no llegue la peor, y más la peor..."
Christian Moreno
"Ricardo Rosa Cord, sí, pero tener una carpeta abierta por violencia contra un menor y aún así darle la custodia al agresor… ¡eso es no tener ni puta madre!"
Momis Villegas & Autor
"Christian Moreno, y cumple condena por violencia hacia otra menor."
Christian Moreno
"Momis Villegas, acabo de compartir tu publicación en un grupo. Punto de Vista Ciudadano se llama, del Lic. Acosta..."
Participante anónimo 796
"Qué miedo que gane una mujer como Sabela."
Luz Vizcarra
"Gracias por abrir los ojos ante este tipo de personas."
Pam Loreto Pastrana
"Estuve en ese juzgado y confirmo todo lo de la publicación. Es una perra en el mal sentido de la palabra. Se vive violencia vicaria, psicológica, emocional, de género... y todo el Centro de Justicia lo sabe. Saben que es una pésima jueza.
Se habla pésimo de ella como juez. Tiene muchos casos como el tuyo; fui uno de ellos y conocí muchísimos más. No está apta, le queda enorme esa silla. Pero, lastimosamente, por coqueta, jajaja, la dejaron allí. Tiene palancas buenas, que de ser secretaria de acuerdos brincó a juez. Y eso se sabe, es un secreto a voces dentro del Centro de Injusticias.
Pienso que quiere reemplazar la figura paterna que le faltó a su hijo, sin importar el daño que les hace a los demás. Un estudio psicométrico, psicológico y de todo deberían hacerle."
Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos
Este candidato utiliza para fines personales la información que le llega por la vía institucional.
Carece de ética y profesionalismo y no tiene capacidad para ejercer funciones jurisdiccionales.
Gerardo Ontiveros tiene denuncias en la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas por ejercicio indebido.
Ademas ha sido denunciado con anterioridad por conflictos familiares y ahora resulta que es Juez de lo Familiar y pretende se electo en el proceso de junio próximo.
No votes por este candidato y házle un bien a Chihuahua.
Roberto Alcoverde
No votes por el Juez Roberto Alcoverde -Narcoverde o Valeverde- porque absuelve a imputados vinculados a la delincuencia y el narcotráfico.
Éste Juez de Distrito aspira a ser Magistrado de Circuito pero no reúne los requisitos para ocupar un espacio de esa naturaleza.
Alcoverde absolvió a los Borruel -Carlos Marcelino, Leticia Macías, Mónica y David Ortega- a pesar que en el expediente existen datos de prueba objetivos para haberles condenado.
El aspirante duró más de un año en huelga y al regresar a sus labores dijo que no trabajaría jornadas largas de más de cuatro horas.
Se negó a analizar y tomar en cuenta las pruebas que obran en el caso del periodista que fue amenazado con un ema de fuego por parte de los imputados.
Sería un peligro para la sociedad que Roberto Alcoverde fuera Magistrado de Circuito porque obedecería intereses oscuros y siniestros, alejados de la ética, de la moral y la ley.
A uno siendo senador
en la calle se la mientan
y otro que estuvo en prisión
se mueve sin una afrenta.
¿PARADOJA DEL DESTINO
O COSECHA DEL CAMINO?
![[Robos]](/__export/sites/laopcion/img/2025/06/28/LT1p8hJ7XEokyrBR.jpg?v=3)
[Robos]
En los últimos días la carretera Chihuahua a Cuauhtémoc ha estado en manos de los ladrones de autos y las autoridades no dicen nada, como que callan para que sus estadísticas no les aumenten, parece que es lo único que les importa.
En años anteriores en esa carretera hubo asaltos a conductores y la policía se puso a jalar, hicieron detenciones pero pues recientemente la inseguridad regreso.
La semana pasada un conductor fue secuestrado por hombres armados en una gasolinera. Se lo llevaron en su auto luego lo abandonaron kilómetros más delante.
El jueves pasado hubo otros dos robos, uno con violencia y otro sin violencia. No se dieron muchos detalles de los casos, la policía ocultó la información.
Lo que se supo, en el caso del asalto, fue que el hecho ocurrió como a las once y media de la noche. Los asaltantes se apoderaron de una camioneta marca Ford, línea Explorer, color azul marino, modelo 2002.
El otro caso, el del robo, sucedió unos minutos después, los ladrones se apoderaron de una lujosa trocona, una Sierra, color guinda, modelo 2021.
Con estos hechos, sería bueno que las autoridades mínimo lanzaran una alerta a los ciudadanos para prevenirlos. ¿A poco no?
Foto ilustrativa
Arístides Rodrigo Guerrero García
Candidato 48 a Ministro de la SCJN.
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