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Denuncia CANACO nuevo intento de cobro presuntamente extorsivo por parte de la SACM

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Denuncia CANACO nuevo intento de cobro presuntamente extorsivo por parte de la SACM

Ciudad Juárez.— La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (CANACO Servytur) alertó sobre un nuevo caso de presuntas presiones indebidas atribuidas a representantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), lo que calificó como una práctica reiterada que afecta directamente al sector empresarial local.

De acuerdo con la organización, un empresario juarense dedicado a la promoción de eventos reportó haber sido contactado por supuestos representantes de la SACM, quienes le exigieron el pago del 10 por ciento del total de boletos vendidos para un concierto próximo a realizarse en la ciudad. Esto, a pesar de que según señaló el propio afectado  los artistas contratados son propietarios de su repertorio, por lo que no corresponde ningún pago adicional por derechos de autor.

CANACO Juárez manifestó su rechazo a estas acciones, a las que calificó como irregulares y generadoras de incertidumbre para la operación de negocios dedicados a la organización de eventos culturales y de entretenimiento.

“Estas prácticas vulneran la certeza y estabilidad de los comercios fronterizos. Nuestros afiliados han denunciado de forma reiterada estos cobros que afectan el desarrollo económico y crean un entorno de desconfianza en la región”, expuso el organismo empresarial.

La cámara reiteró su postura institucional de no realizar pagos que considere improcedentes, particularmente cuando según los empresarios afectados la SACM continúa fijando montos discrecionales sin un tarifario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación, situación que deja en estado de indefensión a organizadores de actividades lícitas y formales.

CANACO Juárez aseguró que continuará brindando acompañamiento y asesoría a comerciantes y prestadores de servicios que enfrenten este tipo de presiones. 

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para revisar y regular estas prácticas, “en favor de la legalidad, la transparencia y el respeto al sector productivo de nuestra frontera”.