Juárez

Federalizan caso de Javier Corral

  • Por Editora M

-FGR atrae investigación por peculado


Ciudad Juárez.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito puso fin a la disputa por el control judicial del expediente del senador Javier Corral Jurado. 

Los magistrados determinaron que la Fiscalía General de la República (FGR) es la autoridad competente para conocer el proceso por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, derivado de contratos de reestructura de deuda durante su gestión como gobernador de Chihuahua.

El fallo del Tribunal

La resolución, derivada del conflicto competencial 20/2025, ordena al Juez de Control local y a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua desistirse del caso y remitir de inmediato las carpetas de investigación al ámbito federal.

La defensa del legislador de Morena, encabezada por el bufete Schütte & Delsol Abogados, argumentó que en el estado de Chihuahua no existían garantías procesales ni respeto a los derechos humanos de los imputados. 

Según el comunicado de la defensa, el cambio de fuero se buscó para garantizar un tribunal que "permita defenderse" y evitar lo que calificaron como una "persecución política".

Reacción de Chihuahua: La pugna continúa

A pesar del fallo federal, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua manifestó su rechazo a entregar el expediente. 

La autoridad estatal sostiene que:
• Mantiene la custodia del caso debido a una suspensión vigente.
• Los hechos investigados corresponden estrictamente al fuero común.
• Continuarán agotando las instancias legales para retener la competencia del asunto.

El trasfondo del caso

La acusación contra Corral se centra en supuestas irregularidades en la contratación de servicios profesionales para la renegociación de la deuda pública del estado.

Mientras la defensa asegura que este traslado permitirá demostrar la "absoluta inocencia" del senador y desenmascarar una "fabricación de delito", las autoridades estatales insisten en que se trata de un acto que vulnera la autonomía de la justicia local.

Con esta determinación, la FGR ahora tiene la facultad de analizar las pruebas y decidir si procede penalmente, aunque el fallo del tribunal no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, sino únicamente sobre quién debe juzgarlo.