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Advierten daño económico por nombrar terroristas a cárteles

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Advierten daño económico por nombrar terroristas a cárteles

- El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a 603 individuos y empresas mexicanas.

México.- La potencial designación de carteles mexicanos como organizaciones terroristas de parte del gobierno de los Estados Unidos podría poner en riesgo la estabilidad económica de la región al abrir la puerta para el congelamiento de bienes y recursos no sólo de integrantes de esos grupos, sino de personas ajenas a ellos.

Así lo advierte un estudio del prestigiado instituto de investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, con sede en Washington, The Wilson Center Institute, el cual reconoce la posibilidad de un daño colateral a la economía bilateral como resultado del endurecimiento de sanciones financieras e incluso penales si se da una designación de esta naturaleza.

¿Qué dice el estudio?

En análisis, publicado en 2024, explica que la inclusión de los cárteles mexicanos en la lista de Organizaciones Foráneas Terroristas (FTO, por sus siglas en inglés), que se realiza al amparo de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, amplifica las posibilidades de persecución y sanción no solo contra esos grupos.

Esto debido a que se consideraría inmediatamente ilegal y susceptible de sanción cualquier tipo de “apoyo material o recursos” que una persona, empresa, sociedad u organización haya prestado a una FTO.

Es un escenario que supera, por ejemplo, las sanciones de las listas negras del Departamento del Tesoro (conocida también como OFAC), que se concentran en criminales y terceros que participan en el trasiego de drogas o lavado de dinero.

La legislación estadunidense conceptualiza el “apoyo material o recursos”, como “cualquier propiedad, tangible o intangible, o servicio, incluyendo moneda o instrumentos monetarios o valores financieros, alojamiento, capacitación, consejería experta o asistencia, casas de seguridad, documentación o identificaciones falsas, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, sustancias letales, explosivos, personal y transporte”.
Son recursos y servicios, destaca el estudio de The Wilson Center, que pueden ser ofrecidos por un alto espectro de actores que operan legalmente.

“Como consecuencias de las referidas cláusulas de apoyo material, la designación de una nueva organización como FTO puede tener repercusiones económicas, que afecten no solo al cártel, sino que además impacten negocios legítimos y personas en la región, llevando a una inestabilidad económica”, advierte el análisis.
Además, el gobierno estadunidense puede actuar a través de diversos mecanismos en contra de esas personas o negocios. Por un lado, el Departamento del Tesoro puede solicitar directamente a instituciones financieras el aseguramiento de cuentas y otros bienes ligados con ellos y, por otro lado, los fiscales pueden impulsar acciones civiles y hasta penales en su contra.

En ese contexto, agrega The Wilson Center, también existe el riesgo de posibles “repercusiones económicas y políticas” de gobiernos, en este caso México, ante posibles abusos en la designación de actores que no tengan participación en las actividades de los cárteles.

Más de 600 sancionados; la otra lista negra

Con independencia de la posible designación de cárteles como organizaciones terroristas, desde hace casi 25 años, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a 603 individuos y empresas mexicanas, por presuntamente participar en operaciones delictivas o de blanqueo de capitales.

Los sancionados, que se incluyen en la llamada lista negra de la OFAC, son designados por el Departamento del Tesoro, al amparo de la Ley de Designación de Líderes del Narcotráfico Extranjero (Kingpin Act).

En dicha lista, según los registros oficiales actualizados, revisados por MILENIO, figuran a la fecha 603 entidades e individuos mexicanos, de los cuales 353 son personas y 250 son empresas u organizaciones.

A todos ellos se les han congelado cuentas y bienes dentro de la jurisdicción estadunidense y hay una prohibición expresa para que cualquier ciudadano y empresa de ese país realice transacciones financieras con ellos.

Eso sumado a la estigmatización global que representa para la persona o negocio aparecer en esos listados que el Tesoro hace públicos con esta finalidad.

Entre las entidades designadas se encuentran, en su mayoría, sociedades anónimas que hacen referencia a negocios como farmacias, gasolineras, comercializadoras, hoteles, inmobiliarias, restaurantes, empresas de tecnologías, jugueterías, entre otros, que de acuerdo con la información del gobierno estadunidense son utilizados como fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

En la lista también figuran grupos del crimen organizado que operan o han operado en México como:

Los Arellano Félix.
Los Beltrán Leyva.
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cártel del Golfo.
Cártel de Juárez.
La familia Michoacana.
Los Cuinis.
Los Zetas.
Cártel de Sinaloa.
En cuanto a los individuos se incluyen prácticamente todos los líderes y mandos de primer y segundo nivel de las organizaciones delictivas que han operado en México sumado a personas que serían operadores financieros o supuestos cómplices en el lavado de capitales.

¿Cuál sería el daño colateral? Caso Rafa Márquez

La designación o inclusión de personas en estos listados de parte del gobierno de Estados Unidos no está exenta de errores. Tan sólo entre 2000 y 2022 el Departamento del Tesoro tuvo que remover más de 400 nombres de personas y entidades incluidas a nivel global en presuntas actividades del narcotráfico.

Cuando un individuo es removido en los listados queda consignada la fecha en la que salió de la lista y ya no aparece su nombre. No obstante, en varios casos ya han transcurrido años desde que ocurrió su designación y se publicitó.

Uno de los casos más conocidos de este tipo de “errores” en México fue el del ex futbolista Rafael Márquez, quien en agosto de 2017 fue incluido en los listados de la OFAC por supuestos vínculos de él y de unas entidades a su nombre con operaciones de lavado, algo que el deportista siempre rechazó.

Tras años de litigio y de batallar incluso para reunir recursos debido a que sus cuentas fueron congeladas, Márquez y sus abogados consiguieron probar que no había ninguna actividad o transferencia ilícita de él y su entorno y, en septiembre de 2021, el Departamento del Tesoro anunció su remoción del listado.

“Después de que perjudicaron tu vida y tu economía te dicen que ah ok, ya vimos que todo está en orden y que puedes seguir con tu vida. Pero ni perdón te piden”, comentó Márquez en entrevista meses después de que fue removida de la “lista negra”.

 

 

(Información de Milenio)