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El narco ya no compra casas en Culiacán

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El narco ya no compra casas en Culiacán

- La guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa pincha la burbuja inmobiliaria en la capital. El coste de la vivienda llevaba años disparado y ya se hablaba de “narcogentrificación”

La guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa ha pinchado la burbuja inmobiliaria en la capital de ese Estado, Culiacán, donde, hasta no hace muchos meses, el coste de la vivienda estaba disparado. Para agosto de 2024, el precio de una casa variaba entre dos y 20 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares, pese a que los salarios en la región están entre los más bajos de todo México. Iniciada en septiembre, la guerra, que enfrenta principalmente a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán con los de Ismael El Mayo Zambada, ha cambiado el panorama. Sobre todo porque ellos mismos, los narcos, ya no están comprando casas.

En los últimos siete años, el mercado estaba desbocado en Culiacán. El sector inmobiliario creció mucho en poco tiempo. Se construyeron plazas comerciales de alto costo, con edificios de viviendas a precios exorbitantes: espacios de menos de 60 metros cuadrados se vendían por ocho millones de pesos y más. A finales de 2023, Sinaloa se había convertido en uno de los estados donde más había aumentado el precio de la vivienda, como si se tratase de un emplazamiento turístico o industrial. Dada la cantidad de dinero que fluía del mundo criminal al sector inmobiliario, se hablaba de una “narcogentrificación”. La gran paradoja es que pocos habitantes de Sinaloa podían comprar casa a esos precios, tanto que hay un déficit de vivienda de hasta 500 mil casas o pisos de departamentos.

“Había una economía ficticia”, dice la empresaria Martha Elena Reyes Zazueta, Presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Sinaloa. “Nosotros, que trabajamos de manera legal, generalmente empezamos poco a poco y toma años llegar al éxito, pero de pronto había negocios que se hicieron líderes”, añade. El dinero criminal alimentaba la rueda económica en el Estado, sobre todo en la capital. Todo el mundo se beneficiaba, principalmente los narcos, que colocaron un pie en las industrias legales, mientras el otro pisaba con fuerza el acelerador de las economías ilícitas.

Luego llegó la guerra. En julio de 2024, los hijos del Chapo Guzmán organizaron supuestamente el secuestro del Mayo Zambada en Culiacán. Llevaron al viejo socio de su padre a Estados Unidos, en una avioneta. Nada más aterrizar, las autoridades de aquel país detuvieron a Zambada, que sigue preso desde entonces. Enojados por la presunta traición, hijos y secuaces de Zambada iniciaron semanas más tarde una guerra contra los seguidores de los Guzmán, que ha golpeado principalmente Culiacán, pero también otras partes del Estado. Las personas desaparecidas y asesinadas se cuentan por cientos en estos meses, tragedia que se refleja en la economía.

Reyes Zazueta, la presidenta de Coparmex en Sinaloa, dice que la guerra ha desbaratado muchos de los negocios abiertos al calor del narco. “Muchos que tuvieron éxito ahora los vemos desaparecidos, quebrados, ya no existen”, explica. Cristina Ibarra, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, dice que la violencia ha llevado a una pérdida de 23.000 millones de pesos en los últimos nueve meses en el Estado. Esa caída se traduce en la pérdida de empleos formales, unos 12.000, de acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo. La tendencia para los próximos meses es que ese ritmo se mantenga.

“El tema de Sinaloa es complicado. Culiacán, sobre todo, y algunos municipios importantes del estado han visto una disminución en las ventas de entre el 50 y el 60 por ciento. Hay muchos negocios que están cerrando, todos los lugares de entretenimiento, restaurantes y demás están sufriendo de manera muy, muy importante”, advirtió hace un par de meses Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“A la gente en general le empieza a pegar esto”, seguía Carranza, que aludía además a las previsibles dificultades futuras en los mercados de crédito. “Si bien todavía no se ve claramente un incremento sustancial en la cartera vencida que tenemos nosotros en el estado”, decía, sobre préstamos no pagados, “sí representa un riesgo que nosotros vemos que va a llegar. No hay de otra, nos va a pegar dentro de tres o cuatro meses, vamos a tener una cartera vencida elevada”, concluyó.

Caída del 70%

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria local ilustra las consecuencias económicas de la guerra. Para finales de 2024, la Sociedad Hipotecaria Federal reportó que los precios de las viviendas todavía subieron un 9.2%. Pero ya en el primer trimestre de este año, el crecimiento fue solo del 5.4%, ya por debajo de lo habitual en los últimos años. La razón: pocos están comprando y, los que lo hacen, no compran viviendas caras, del estilo de las construidas en los últimos años en la capital.

La baja en la venta de las viviendas ilustra el traslado de recursos del crimen a otros rubros. Hay compradores que fueron asesinados en la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, otros decidieron irse y unos más han preferido usar el dinero para pagar nóminas de pistoleros y comprar armas, rifles de alto calibre, drones que ahora los criminales usan para tirar bombas caseras, aparatos para derribar la tecnología de los otros grupos criminales y hasta blindaje artesanal. Aunque no todos los que dejaron de comprar son o eran narcos, sino personas que resultaron afectadas por el cierre de negocios, trabajadores despedidos por la baja de las ventas o clientes a quienes los bancos les redujeron su calificación crediticia.

Daniel Félix, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), en Sinaloa, da detalles del pinchazo. “Fue una caída como de un 70% en la venta de vivienda, y se ha venido sosteniendo. Hay apartados de vivienda”, dice, en referencia a clientes que pagan un anticipo, “pero es el 70% menos de lo que teníamos antes (de la guerra). Hay empresas que pararon al 100% y otras que su caída fue a lo mejor de un 50% por ciento, pero todas caímos”, dice.

Esa caída en las ventas ha llevado a los desarrolladores de vivienda a proponer promociones a los clientes, como rebajas fuertes en los precios. Algunas desarrolladoras inmobiliarias llegaron a decir a sus posibles clientes que les darían hasta 600.000 pesos, que podían usar para amortiguar sus deudas en los bancos. Se trató de una estrategia que disminuía la ganancia de los empresarios, pero con la que se buscaba pagar los mega préstamos que usaron para la construcción. Pero la estrategia no funcionó, las ventas siguieron cayendo.

Hay al menos 20 bancos que impusieron restricción al crédito a las empresas desarrolladoras, lo que provocó que por lo menos 10 proyectos de alto costo se pararan en Culiacán, en los últimos seis meses.

Sigue Daniel Félix: “¿Qué está haciendo el desarrollador? Se dice ‘¿para qué construyo nuevas viviendas, si tengo viviendas en inventario?’. Se están deteniendo las obras porque, como hay en inventario, y aparte estoy haciendo rebajas porque me sale más caro tenerla ahí detenida,es mejor recuperar el flujo de venta y yo, desarrollador, poderle pagarle al banco, y ya no tener ese costo financiero. Ya no vemos la necesidad de seguir invirtiendo por delante en las obras porque no se está vendiendo”.

La caída también ha afectado a Mazatlán, el puerto turístico de mayor demanda en Sinaloa, donde se vivió un boom inmobiliario, con la construcción o remodelación de más de 1.000 torres de departamentos, en los últimos siete años. En el puerto es más evidente la huella del narco que en Culiacán: apenas el 9 de junio la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos informó de que 10 empresas instaladas en el puerto forman parte de la red de los hijos de El Chapo para el trasiego de drogas, armas y actividades financieras con torres de pisos de departamentos, salones de belleza, constructoras y centros de negocios.

La solución, al final, ha sido reventar la “burbuja”, de manera más o menos controlada, parar la construcción de nuevos desarrollos y bajar los precios de las viviendas. Las grandes inmobiliarias de la capital están bajando los precios de manera acelerada. Paralela Residencial apostaba hace un año por vender sus pisos en 2.7 millones de pesos, pero la falta de venta hizo que lo bajaran a 1.9 millones. Alcázar del Rey anunciaba hace un año pisos por 1.6 millones de pesos, pero a principios de mayo decidió disminuir la oferta a 813 mil pesos. Punto Sur tenía un anuncio en abril de 2024 sobre casas a 2.5 millones de pesos, pero en mayo de 2025 esos mismos hogares ya costaban 600 mil pesos menos. Latitud Norte, una zona privada, anunciaba en agosto de 2024 que tenía viviendas en 3.5 millones de pesos y 7 meses después esas mismas casas ya costaban 2.9 millones de pesos.

 

(Información de El País)