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Recibe Senado iniciativa para aplazar elección judicial a 2028

  • Por Editora Dai
Recibe Senado iniciativa para aplazar elección judicial a 2028

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La meta es obtener el aval de al menos 17 congresos estatales para posteriormente publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, entregaron a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, una iniciativa de reforma constitucional para aplazar al 4 de junio de 2028 la elección del Poder Judicial, prevista originalmente para 2027.

De acuerdo con el legislador Ignacio Mier, en la sesión de la Comisión Permanente de este jueves se convocará a la Cámara de Diputados y Senado a un periodo extraordinario. 

El próximo miércoles 27 de mayo se discutirá en la Cámara de Diputados y al día siguiente por la noche en el Senado; esto con el objetivo de aprobar la iniciativa y concluir el proceso en el Constituyente Permanente antes del 3 de junio.

La meta es obtener el aval de al menos 17 Congresos estatales para posteriormente publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y permitir su entrada en vigor de manera inmediata.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la transformación del Poder Judicial es indispensable para cerrar el paso a distintas formas de injusticia, corrupción y delincuencia, tanto organizada como de 'cuello blanco', y para garantizar el fin de la impunidad en el país.

“Estamos convencidos de que el verdadero poder reside en el pueblo. El propósito de la iniciativa que envía la presidenta Claudia Sheinbaum es fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia; por ello se propone el que la fecha al Poder Judicial se modifique para que esta se celebre el 4 de junio de junio”, señaló.

Además, expresó: “hoy confiamos en que el Poder Judicial emanado del pueblo trabajará con integridad y vocación de servicio, porque defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido ni de un gobierno, sino de la gente, que exige un Poder Judicial más justo y transparente”.

En tanto, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, precisó que “la iniciativa que hoy presenta la Presidenta de México, como aquí plantea la secretaría de Gobernación, primero, trasladarla al 2028, ya vamos a vivir una elección sumamente relevante con muchos cargos a elegir en el (2027) 27 y la idea es que pueda retrasarse al 2028 para tener más tiempo”.

Además, comentó, “número uno, se profundiza simplificando el ejercicio del voto, número dos, mejorando los mecanismos de selección de candidatos para garantizar siempre que las mejores mujeres y hombres lleguen a ser los juzgadores electos”.

Además, expuso, “se propone adecuar la revocación de mandato para que pueda celebrarse de forma concurrente al proceso electorales ordinarios, en caso de que así sea propuesto de acuerdo a la propia Constitución, sabemos que para poder llegar a una revocación de mandato hay que llevar a cabo una serie de requisitos establecidos en la Constitución. Si eso se realizará la idea es que pudiese ser concurrente en 2028”.

También se crea una Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación encargados de seleccionar a las personas que terminarán de candidatos a los puestos en disputa del Poder Judicial, además se reduce el número de candidaturas por cargo para disminuir la saturación de las boletas. Se plantea dejar únicamente dos candidaturas finales por cargo y especialidad.

De acuerdo con el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, la modificación reconoce las complicaciones operativas, logísticas y de comprensión ciudadana que dejó la inédita elección judicial de 2025, en la que por primera vez ministros, magistrados y jueces fueron electos por voto popular.

¿Qué propone la reforma?

La propuesta abre la posibilidad de que la elección judicial coincida con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial, prevista en el artículo 35 constitucional, lo que convertiría a 2028 en un año de alta intensidad política y electoral.

De aprobarse la reforma, la jornada electoral judicial federal y local se realizaría el domingo 4 de junio de 2028. Además del cambio de fecha, la iniciativa plantea una reingeniería integral del sistema de elección judicial.

Tras una evaluación ordenada por la Presidencia, se concluyó que la elección intermedia prevista para 2027 implicaba una complejidad inédita por el volumen de cargos y el número de aspirantes que participarían en la contienda.

En la elección de 2028 solo se renovarían:

-Cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
 -463 magistrados de tribunales colegiados de circuito.
-385 jueces de distrito.
-424 magistraturas locales.
-2 mil 831 jueces locales en 25 estados.

No obstante, el objetivo central de la reforma no es únicamente aplazar la elección, sino modificar el modelo para evitar una jornada “inmanejable”. Uno de los principales cambios consiste en reducir el número de candidaturas por cargo para disminuir la saturación de las boletas.

Mientras el esquema original contemplaba hasta tres propuestas por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ahora se plantea dejar únicamente dos candidaturas finales por cargo y especialidad.

De acuerdo con la propuesta, los comités de evaluación revisarán conocimientos, experiencia profesional, antecedentes y “buena fama pública”. Posteriormente, seleccionarán cuatro perfiles y, mediante insaculación pública, quedarán definidos los dos candidatos finales.

La nueva boleta también distinguirá claramente qué candidaturas corresponden al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o a jueces en funciones que busquen la reelección.

Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) dividiría el territorio en distritos judiciales específicos, para que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado de determinada materia o especialidad.

Otro de los cambios relevantes es la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes, con el propósito de homologar criterios y evitar diferencias en los filtros aplicados a los aspirantes. Dicha instancia podrá revisar requisitos como:

-Licenciatura en Derecho.
-Promedio académico.
-Experiencia profesional.
-Exámenes de conocimientos.

Aunque cada poder mantendría su propio comité de evaluación, las revisiones deberán sujetarse a metodologías comunes.

La reforma también obligaría a las entidades federativas a replicar las reglas federales, luego de que el gobierno detectó inconsistencias en algunos procesos locales donde, según expuso, no estaba garantizada la insaculación pública.

Entre otros ajustes derivados de la experiencia reciente, la iniciativa contempla:

-Permitir que elecciones judiciales y ordinarias compartan ubicación de casillas.
-Garantizar que representantes partidistas no intervengan en la elección judicial.
-Realizar el escrutinio y cómputo directamente en casilla.
-Adelantar de septiembre a abril la convocatoria del Senado para ampliar el tiempo de revisión de perfiles.

Información tomada de Milenio