*Marisela Escobedo, la sombra de la injusticia *La absurda teoría del crimen de estado *Le sacan a lalito las licitaciones corruptas *Salud hastas el topr transas

EL Fermín Ordóñez se fue a cdmx y presentó la denuncia por el tema de la transota en la comisión estatal de seguridad. Son veinte melocotones los que se esfumaron de la dependencia. En su denuncia de hechos, el aspirante a la alcaldía vinculó el robo, o fraude, con el senador Gustavo Madero y el secretario de salud, Lalito Fernández. Incluso, Ordóñez dudó que haya sido el secretario quien interpusiera la denuncia por los mismos hechos, como aseguró ayer Fernández y pues eso quedará sujeto a prueba. El tema está relacionado con el empresario de Delicias, el del caso del obrero que apareció con casco amarillo en el organigrama de la mañanera hace una o dos semanas. Asegura que hay elementos vinculantes para abrir una carpeta de investigación y judicializar el caso. Están hirviendo las carnitas en ese perol, la verdad de las cosas, porque, pues, debajo están las llamas del infierno. La mañana de este jueves, en la capital del país, Fermín presentó la denuncia en la seido. Fue atendido por el Maestro Miguel Leyva Medina, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. A ver que sale de ahí porque se dice que ese tema podría incluso servir como un batazo en las corvas de algunos que aspiran.

CORRAL dirá que fue duarte, la conagua, segob o amlo, pero debería analizar bien ese tema de los medicamentos. El golpanazo que le mandaron desde cdmx trae pelos y señales. O como luego se diría, si dijeron que la burra es parda, es porque traen los pelos en la mano. El caso es que anda igual, o peor, que en la pasada administración, en el tema de las licitaciones para la compra de medicamentos. Ese Lalito Fernández, el secretario, qué raro, siempre aparece donde hay billeye movido. Ahora le sacaron las siguientes licitaciones amañadas, de empresas que fueron puestas en la lista negra por la cuatroté. Van, tal cual fue reseñado por : 1.- Una de las empresas que ha sido bien acogida en la administración chihuahuense es la distribuidora farmacéutica Maypo, de Carlos Arenas, la misma que en abril de 2019 fue incluida por el mandatario nacional entre las tres empresas vetadas, debido a que habían concentrado la venta de hasta 62.4% de las medicinas y materiales en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, unos 34 mil 280 millones de pesos. La farmacéutica es la principal proveedora del Instituto Chihuahuense de Salud, que dirige Eduardo Fernández, además de que se ha apoderado cada año de la licitación pública para la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos de las Pensiones Civiles del Estado. En la más reciente compra se adjudicó, mediante la licitación PCE-LPP-001-2019, 208 partidas por un total de 188 millones 582 mil pesos, lo que significa 200% más que el competidor más cercano en ese concurso. 

DOS: También destacan los contratos otorgados a la firma Controles Electromecánicos S.A. de C.V., de Marcos Wainstein, una compañía señalada de participar en prácticas anticompetitivas en licitaciones de Caminos y Puentes Federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Controles Electromecánicos fue investigada y sancionada en mayo de 2019 por la Comisión Federal de Competencia Económica, de Alejandra Palacios, por lo que recurrió a dos juicios de amparo que se extendieron hasta enero de 2020, cuando el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa les negó la solicitud y ratificó la sanción. Aún con todos estos antecedentes, el gobierno de Corral la hizo ganadora de la licitación pública SH-LPE-118-2018, por concepto de Integración y Puesta en Marcha del Nuevo Sistema Integral de Control de Peaje para las Autopistas Concesionadas al Estado de Chihuahua, por el que obtuvo un negocio de 133 millones 739 mil pesos. El Paisita seguramente dirá que es un complot de los medios y sus enemigos contra la operación justicia para Chihuahua. Sin embargo, solo le resta desmentir, con pruebas en la mano, los planteamientos que se les formulan. 

LA MITAD del documental de Marisela Escobedo parece ser información y la otra mitad propaganda. La trágica historia de la mujer, sus tres muertes, como indica el título del trabajo de netflix, merecen trascender. Bien cabe hacer la pregunta si en realidad, después de esa dramática historia, cambió algo en el paradigma de la justicia local. Marisela perdió a su hija en manos de un joven loco y criminal. Hizo un largo peregrinar en demanda de una justicia que finalmente le hizo perder la suya enfrente de palacio de gobierno. Su hijo mayor, perseguido, tuvo que pedir asilo político en estados unidos, auxiliado por el abogado Carlos Spector. La otra parte parece un panfleto salido del face y como decía Porfirio Díaz, esos gallos están maiceados o diríase, más bien, paiseados. Las conexiones de la empresa productora de tv no parecen haber sido las más adecuadas para buscar las fuentes de información. Imagínense la credibilidad de Lucha Castro para hablar de justicia, cuando corrompió y pervirtió un proceso para elegir 56 jueces locales, motivo por el cual tuvo que huir del país. O la reportera Patricia Mayorga, corresponsal de proceso, hablando de la verdad del caso, cuando aparece en la indagatoria de otro trágico expediente –en una grabación telefónica- por traicionar a su supuesta amiga y ponerla en la cruz. También aparece el fiscal general del estado, César Peniche, con una pesada carga del gobierno actual y una obvia tendencia en el caso de Marisela. Igualmente, Gabino Gómez, dirigente de El Barzón, muy paiseado, la verdad de las cosas, como se escribió líneas arriba. Y para rematar, reaparece la ex procuradora general de justicia en el estado, Patricia González Rodríguez. Si tuviera un ápice de verguenza, la ex funcionaria no debería haberse prestado a esa entrevista, en donde los realizadores del documental tuvieron que tragarse enteros sus sapos. Se le llenó la boca de auto elogios absurdos, vanos, y olvidó que Rubí Frayre fue precisamente asesinada en Ciudad Juárez durante su gestión. Patricia pudo hacer algo en dos años para aprehender a Rafael Barraza, el asesino confeso, pero sus pleitos y rivalidades políticas con el poder judicial le nublaban la vista a la hora de hacer su trabajo. Además, la ex procuradora está ligada a la peor época de violencia jamás registrada en el estado de Chihuahua, precisamente cuando el narcotráfico se enseñoreó y echó profundas raíces en las instituciones públicas. No vale la pena enlistar los casos de crímenes relacionados con el narcotráfico en los cuales fue involucrada y sus nexos con grupos delictivos locales mientras ocupó ese cargo.

SE salva, quizá, Ruth Fierro, porque fue representante legal casi todo el tramo del episodio y porque se atuvo más a criterios jurídicos que políticos en su exposición. Falta ponderar bien el proceso judicial sobre el crimen de Rubí que detonó la increíble historia de Marisela Escobedo. No hay que olvidar, sino subrayar, que los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netza Zúñiga, liberaron a un asesino confeso. Fueron botados de sus cargos por Duarte, bajo aquella célebre frase de que a cada santito le llegaba su fiestecita. Este punto, la exoneración unánime de Sergio Barraza -asesino que en sus narices –las de los magistrados- confesó el crimen, fue la causa de la causa del mal causado. La persecución del responsable, su mal lograda detención, el crimen de Marisela Escobedo, la detención de El Wicked (su dudosa autoría del crimen o la posibilidad de ser un chivo expiatorio) y la muerte de éste en la cárcel y posterior asesinato de la ex pareja de Rubí, deberían ser revalorados. Pero de eso a construir la teoría del crimen de estado, habría que verlo. Se trata más bien de una campaña de propaganda enfocada a caldear la probable llegada del ex gobernador al estado de Chihuahua. 

FUERON muy bien calculados los tiempos para estrenar el documental y emparejarlo con el arribo del ex. Sin embargo, jamás esperaron la fisura cada vez más ancha, abierta entre el presidente de la república y el gobernador, que cambió radicalmente las cosas y el escenario político. Pareciera absurdo pensar que Duarte obtuviera un beneficio con la muerte de Marisela Escobedo afuera de palacio de gobierno. En su obsesión por el ex mandatario estatal, Corral no ha reparado en adjudicarle todos los males habidos y por haber en la entidad y ésta no podría ser la excepción. Fue el propio gobierno, con Carlos Carrera Robles, de intachable trayectoria política, titular entonces de comunicación social, el que decidió entregar a los medios el video del asesinato. Si fue El Wicked o fue Andy Barraza, hermano de Sergio Rafael, el que persiguió a Marisela y le arrebató al vida de un disparo, podría ser fácilmente saberlo mediante nuevas periciales. Lucha Castro y Gabino Gómez, dejaron sola a Marisela, no se olvide, cuando ésta decidió pasar la navidad en la plaza Hidalgo. Construyeron un caso donde había dos asesinatos, con el fin de atacar la administración estatal, para hacerlo ver como un crimen de estado. Hoy, la mitad del  documental parece un filme de propaganda, enfocado a crear un ambiente político para dar inicio a un juicio local con un personaje que ni siquiera ha sido extraditado y que tal vez no llegue a Chihuahua al menos durante el tiempo que le resta al quinquenio. La otra gran pregunta sería: ¿harán la segunda parte del documental sobre el asesinato de Miroslava Breach Velducea?