Juárez

Acusa CANACO cobros abusivos de la SACM

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Ciudad Juárez.- En un comunicado difundido la noche de este martes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (CANACO Juárez) manifestó su enérgica inconformidad ante lo que calificó como acciones abusivas por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) contra establecimientos afiliados al organismo empresarial.

La Cámara denunció que la SACM, a través de su apoderado legal, Óscar Nerio Pérez, promovió un Procedimiento Administrativo de Avenencia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), mediante su Dirección de Arbitraje, con el objetivo de obligar a un comerciante afiliado a firmar un convenio de pago por cuotas que CANACO considera improcedentes.

De acuerdo con el organismo empresarial, este tipo de procedimientos buscan forzar el cobro de tarifas que no cuentan con sustento legal claro, al no existir, señalan un tarifario oficial debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que coloca a los empresarios en un estado de indefensión jurídica.

El presidente de CANACO Juárez, Iván Pérez Ruíz, reiteró la postura institucional de “no pago” frente a estos cobros, al considerar que la SACM incurre en prácticas irregulares e impone montos discrecionales a negocios que operan de manera formal y generan empleo. 

En ese sentido, exhortó a los comerciantes afectados a no ceder ante este tipo de presiones.

La Cámara recordó que en septiembre pasado se llevó a cabo una reunión de trabajo instruida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con la Secretaría de Gobernación, en la que participaron representantes de la SACM, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y del sector empresarial, con el fin de abrir un canal de diálogo sobre estos cobros. 

Sin embargo, CANACO señaló que no hubo avances y que las mesas de trabajo comprometidas para octubre nunca se realizaron.

Ante este escenario, CANACO Juárez afirmó que continuará brindando acompañamiento, asesoría y respaldo a los comerciantes y prestadores de servicios afectados, además de reiterar su llamado a las autoridades competentes para que revisen y regulen estas prácticas, con el fin de garantizar legalidad, transparencia y certeza jurídica para el sector productivo de la frontera.