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Buscan establecer la evaluación geriátrica anual obligatoria

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Chihuahua.- Con el objetivo de garantizar una vejez digna y con acceso pleno a la salud, la diputada Herminia Gómez Carrasco del partido Morena presentó ante el congreso del estado una iniciativa con carácter de decreto para reformar la ley de derechos de las personas mayores en Chihuahua. 

La propuesta busca establecer como obligación de los servicios de salud la realización anual y prioritaria de evaluaciones geriátricas integrales (EGI) a toda persona mayor de 60 años en la entidad, sin importar su afiliación a la seguridad social.

La legisladora argumentó que el derecho a la salud de las personas mayores es central para una vida plena y que el estado debe adoptar medidas que respondan a sus necesidades específicas bajo los principios de universalidad e igualdad.

La iniciativa se centra en la evaluación geriátrica integral (EGI), un procedimiento diagnóstico multidimensional, sistemático e interdisciplinario que va más allá de una consulta médica tradicional. 

La EGI valora el estado de salud en cuatro esferas clave:

- Estado Físico: Pruebas clínicas y exploración funcional.
- Salud Mental: Detección de depresión y deterioro cognitivo.
- Condición Social: Redes de apoyo, entorno familiar y vivienda.
- Capacidades Funcionales: Evaluación de movilidad, autonomía y autocuidado.

La diputada Gómez Carrasco destacó la relevancia demográfica del sector en el estado, según datos del consejo nacional de población (CONAPO), en 2024, Chihuahua cuenta con 484,210 personas de 60 años o más, representando más del 12% de la población total.

Además, la exposición de motivos citó datos del INEGI de 2022 que revelan una problemática en el ejercicio de derechos, el 20.9% de la población de 60 años y más manifestó que se le negó injustamente alguno de sus derechos en los últimos cinco años, y de este porcentaje, el 42.5% declaró que se le negó injustificadamente atención médica o medicamentos.

"La vejez debe entenderse como una etapa natural del ciclo vital en la que las personas mayores tengan garantizado el acceso pleno, oportuno, integral y de calidad a los servicios de salud... Estos datos evidencian la necesidad de adoptar políticas públicas orientadas a garantizar una vejez digna, saludable y activa," señala la iniciativa.

La propuesta se fundamenta en el Artículo 4º de la Constitución Política que consagra el derecho humano a la protección de la salud. También se alinea con compromisos internacionales de México, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que insta a los Estados a promover servicios integrales que incluyan la atención geriátrica preventiva.