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Buscan reformar leyes para garantizar información clara a menores víctimas de violencia

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Chihuahua.- En un esfuerzo por transformar el sistema de justicia en una herramienta de sanación y no de trauma, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil presentó ante el Pleno del Legislativo un dictamen que busca reformar tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua. 

La propuesta, impulsada originalmente por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene como eje central el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información veraz, clara y adaptada a su edad sobre los procesos legales o hechos de violencia en los que se vean involucrados, ya sea como víctimas directas o testigos.

El dictamen destaca que la violencia no solo deja marcas físicas, sino heridas invisibles que se profundizan cuando las instituciones y los adultos responsables optan por el silencio o el engaño bajo la premisa de "proteger" al menor. 
Los legisladores argumentaron que este vacío informativo genera incertidumbre y culpa, lo cual constituye una forma de revictimización institucional y psicológica. 

Con esta reforma, se establece la obligación legal de que ministerios públicos, policías, jueces y cuidadores expliquen a los menores qué ocurrió y qué pasos seguirán en su proceso, utilizando un lenguaje empático que ayude a ordenar su realidad.

A nivel estatal, la reforma alinea la legislación de Chihuahua con estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices de las Naciones Unidas, el documento subraya que en Chihuahua miles de menores presencian anualmente delitos o actos de violencia en sus entornos cercanos, quedando atrapados en procesos judiciales fríos que no comprenden, es por ello que esta iniciativa propone elevar las buenas prácticas de atención a rango de ley, obligando a la implementación de ajustes razonables y personal capacitado para que el contacto con la justicia sea una experiencia de redignificación.

La propuesta legislativa enviada al Congreso de la Unión incluye la adición de artículos específicos que prohíben la reiteración innecesaria de declaraciones y la exposición de las víctimas a situaciones intimidatorias. Asimismo, se contempla la creación de un Protocolo Nacional especializado que homologue los criterios de actuación en todos los niveles de gobierno.