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Detecta ASE irregularidades por más de $98 millones en proyecto Centinela

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Chihuahua.- El auditor superior del estado de Chihuahua, Héctor Alberto Acosta Félix, reveló ante la comisión de fiscalización que las auditorías realizadas al ambicioso proyecto centinela han arrojado una serie de irregularidades financieras y operativas por parte de la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V., las cuales ascienden a un monto de 98.4 millones de pesos por concepto de penas convencionales y deductivas.

Durante su comparecencia, Acosta Félix detalló que el proyecto, bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), ha sido objeto de una auditoría forense y una financiera correspondientes a las cuentas públicas de 2023 y 2024.
El titular de la ASE, fue enfático al señalar que se detectaron pagos por bienes y servicios que no fueron recibidos en los tiempos establecidos. 

Entre los hallazgos más críticos de la cuenta pública 2023 se encuentra la falta de entrega de:

- 163 arcos carreteros y 9 filtros Centinela.
- 1,643 cámaras de videovigilancia.
- 239 drones y un sistema antidrón.
- 65 tabletas electrónicas.
- Retrasos en la puesta en operación de los subcentros de Ojinaga, Bocoina, Madera y Nuevo Casas Grandes.

Para el ejercicio 2024, el incumplimiento persistió con la falta de instalación de 30 arcos adicionales, 17 video walls, 78 mesas de trabajo y pendientes los centros de mando de Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes. 

Asimismo, se documentaron retrasos significativos en la construcción de la Torre Centinela y modificaciones al proyecto original sin el respaldo jurídico adecuado.

Aplica SSPE sanciones millonarias en proceso de conciliación

Acosta Félix informó que, tras un cálculo cuantitativo, la SSPE debe aplicar sanciones por 98.4 millones de pesos. 
Actualmente, el gobierno estatal ha retenido pagos a la empresa correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2024 para garantizar que dicho monto sea cubierto.

"El proceso para el cobro se encuentra en una etapa legal denominada conciliación ante la Secretaría de la Función Pública, donde la empresa tiene el derecho de argumentar lo que a su interés convenga", explicó el auditor.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo 14 reuniones de conciliación para discutir la procedencia de estas multas.

Pese a las anomalías, Hector Acosta Félix destacó que, al tratarse de un contrato plurianual integral (que abarca servicios, bienes y obra pública por un monto total de 4,709 millones de pesos) que aún está vigente, existe la oportunidad de realizar ajustes y correcciones en tiempo real.

"A diferencia de otros contratos donde solo podemos observar cuando ya terminaron, este permite que, a través de nuestras recomendaciones, el proyecto no exceda el monto establecido y se realicen las mejoras necesarias", puntualizó.

Finalmente, Acosta Félix reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública ha atendido puntualmente las observaciones de la ASE, lo que ha permitido mantener el control financiero sobre uno de los proyectos tecnológicos de seguridad más grandes en la historia del estado.