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Ganan comunidades indígenas litigios contra trasnacional

  • Por editorap3

Chihuahua.- Las comunidades indígenas de San Elias de Bocoyna ganaron el litigio por las tierras por las que pasa el gasoducto Encino-Topolobampo a cargo de la trasnacional Infraestructura Energética Monarca S de RL de CV, filial de Trascanada pipelines LTD.

El Magistrado del tribunal unitario agrario del Distrito 05, José Martín López Zamora, resolvió que el contrato de arrendamiento celebrado en agosto de 2016 entre la empresa privada y las comunidades indígenas es nulo por la serie de vicios contenidos en el mismo.

Dada la nulidad del contrato, el jurista también mandó que la filial desocupe y haga la entrega material de los terrenos en cuestión que, en este pleito legal, abarca desde Carichí hasta la zona serrana.

Enoel Carrasco Jordan, presidente del gran Consejo Supremo de la Sierra Tarahumara, informó que el magistrado también ordenó el pago de daños y perjuicios ocasionados a la comunidad y para lograr calcular un monto se ordenará girar un oficio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Delegación Chihuahua, para que personal a su cargo se traslade la zona y realice un dictamen de impacto ambiental respecto al daño ecológico causado por la construcción de todas las instalaciones para la línea del gasoducto.

Este daño al medio ambiente fue producto de los caminos de acceso para el sistema de transporte de gas natural, la instalación de las líneas eléctricas, camino de cambio de ruta, franja de uso temporal, para caminos de acceso, requeridos por el transporte de gas natural, así como para la construcción, instalación y mantenimiento del sistema de protección catódica, especificando los árboles derivados, la flora y fauna que se afectó, detallando la forma y términos en que se puede y debe reparar dichos daños causados.

Tras el dictamen de la Profepa, se procederá abrir incidente de liquidación de la sentencia, en el cual se desahogará la prueba pericial en materia de valuación, donde se cuantificará el monto de los daños y perjuicios ocasionados a la superficie objeto del juicio legal.

Carrasco Jordán también informó que la empresa privada deberá acreditar ante el órgano jurisdiccional que ha iniciado los trámites para el desmantelamiento de la superficie que esté en conflicto a donde eje sea desocupada totalmente y le sea devuelta a las comunidades autóctonas.

El líder indigenista vio con buenos ojos esta resolución aunque no pasó inadvertido el que el magistrado haya librado del pago de gastos y costes que ha llevado este juicio, extendido por casi una década, pero sí deberá pagar las rentas que resulten del avalúo desde el 30 de agosto de 2017, hasta la fecha en que materialmente se entrega el inmueble objeto de litis.