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Rechaza Congreso crear registro estatal de menores en abandono

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Chihuahua. — La Comisión de Juventud y Niñez del congreso del estado, determinó no aprobar la iniciativa 567, la cual buscaba reformar la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para crear un registro estatal de menores en situación de abandono. 

Luego de un análisis técnico y tras consultar a organismos especializados, el dictamen con carácter de acuerdo establece que dicha medida podría vulnerar los derechos humanos de la infancia en lugar de protegerlos, ya que la propuesta original, impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) a través del diputado José Alfredo Chávez Madrid, planteaba la necesidad de contar con una base de datos que incluyera antecedentes médicos, educativos y psicológicos de los menores. 

El argumento principal de los iniciadores se centraba en la falta de cifras exactas sobre la orfandad y el abandono en la entidad, una problemática que se agudizó tras la pandemia de COVID-19, a pesar de la intención de visibilizar a este sector vulnerable, la comisión legislativa detectó ambigüedades críticas en el término "abandono". 

Durante el estudio, se señaló que, si el registro se refería a menores bajo tutela del Estado, la información ya existe; por el contrario, si se refería a menores en abandono total fuera de instituciones, la creación de una lista resultaba jurídicamente inviable y peligrosa.

Para profundizar en el análisis, se solicitó la opinión técnica del DIF estatal Chihuahua, dependencia que advirtió que la implementación de este registro conllevaba riesgos severos, entre ellos:

Estigmatización y discriminación: El etiquetado oficial de menores como "en abandono" podría generar exclusión en sus entornos escolares y comunitarios.

Vulneración a la privacidad: El manejo de datos personales sensibles de una población tan vulnerable aumenta el riesgo de acoso, explotación o revictimización.

Enfoque punitivo: Se advirtió que el registro podría percibirse como un mecanismo de control en lugar de una herramienta de restitución de derechos, lo que generaría desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Tras el análisis de estos factores, las y los integrantes de la Comisión concluyeron que no es necesario un registro específico para que el estado cumpla con su obligación de brindar servicios de salud, educación y protección. 

El dictamen resalta que, al momento de detectarse un caso de abandono, la autoridad tiene la obligación inmediata de iniciar un proceso de restitución y no simplemente un alta en una base de datos.