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Se expande la pornografía infantil en Tamaulipas

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En Tamaulipas, la trata de personas y la distribución de pornografía infantil son delitos que se expanden globalmente en silencio y de los que se habla poco. Sin embargo, las autoridades han encendido las alertas luego de que se han descubierto más de siete grupos en redes sociales, así como aplicaciones telefónicas con más de nueve mil suscriptores que consumen videos, fotografías y contratan servicios sexuales de menores de edad, aunque en lo que va del año solo hay dos detenidos relacionados con estos casos.

En 2024, una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público Federal alertó sobre un grupo en redes sociales y aplicaciones de teléfono donde se ofrecía a menores de edad para sostener relaciones sexuales a cambio de dinero.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) inició las indagatorias y logró ubicar al administrador de al menos siete grupos donde se habían distribuido 18 mil 742 fotografías y tres mil 72 videos a poco más de cinco mil pedófilos que pagaban sumas de dinero por obtener el material.

Los investigadores cibernéticos detectaron que el epicentro de la operación estaba en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, la cual en los últimos años había sido noticia nacional por los problemas en su penal estatal, pero también porque el mapa delincuencial de las corporaciones de seguridad establece la presencia de varias células del crimen organizado.

Una ciudad de burócratas, a la que el gobierno local busca dar otro giro económico, pero no lo ha conseguido, ya que la escasez de agua lo complica todo.

Lujoso epicentro

Las autoridades comprobaron que la red de distribución también ofrecía a menores de edad para encuentros sexuales.

Esta evidencia fue presentada por el Ministerio Público Federal ante un juez de control, quien autorizó un cateo en una vivienda ubicada en el fraccionamiento residencial Santa Regina, una zona donde las casas alcanzan hasta ocho millones de pesos, aunque desde hace poco algunos residentes han puesto en venta sus propiedades por debajo del valor real, incluso por un millón 600 mil pesos.

Los investigadores también lograron rastrear las cuentas bancarias donde llegaban los depósitos de los pedófilos, con lo cual obtuvieron el nombre de un responsable y el sitio desde donde operaba.

El 26 de agosto de 2024, un operativo de la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional desplegó un cerco en varias calles del fraccionamiento, para sorpresa de los vecinos.

Con la autorización del juez, ingresaron al domicilio y aseguraron diversos dispositivos electrónicos como celulares, consolas de videojuegos, tabletas y computadoras, además de varias tarjetas bancarias presuntamente utilizadas para recibir los depósitos por la compra del material pornográfico.

También localizaron a un hombre, quien quedó detenido, así como elementos balísticos, entre ellos un arma larga, cargadores y cartuchos útiles.

La información corrió como pólvora en una sociedad acostumbrada a normalizar la presencia del crimen organizado, pero poco familiarizada con el delito de trata de personas y aún menos con las redes dedicadas a la prostitución y pornografía infantil.

El entonces vocero de Seguridad de Tamaulipas salió a aclarar la situación e indicó que había una investigación en curso para ubicar a todos los implicados.

Nueva aprehensión

Sin embargo, nada se supo de esa red hasta este jueves 21 de agosto de 2025, cuando un operativo mixto de fuerzas federales realizó la detención de Juan Antonio “R”, identificado como parte de una red de distribución de pornografía infantil, sobre quien ya existía una orden de aprehensión.

De nueva cuenta, las investigaciones de la Policía Federal Ministerial se desarrollaron en Ciudad Victoria, aunque esta vez las líneas de investigación llevaron a un domicilio en la colonia Miguel Alemán, un sector de clase media con un índice delictivo considerado “normal”.

Al hombre se le acusa de estar relacionado con la distribución de pornografía infantil en varios grupos de redes sociales, donde vendía material a 4 mil 477 pedófilos.

Se le imputa haber participado en la difusión de 10 mil 259 fotos y 1 mil 531 videos. El delito que se le atribuye es trata de personas en su modalidad de beneficiarse de la explotación pornográfica de menores de edad.

Radiografía del ilícito

La trata de personas es un delito que consiste en la explotación de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes con diversos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.

Este ilícito ha crecido desde 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió dos carpetas de investigación. Para 2023 se registraron seis, en 2024 sumaron ocho, y en lo que va de 2025 ya se contabilizan tres denuncias.

Las estadísticas de la Red por los Derechos de la Infancia en México muestran que en tres años seis menores de edad han sido víctimas de este delito en la entidad, pasando de cero casos en 2022 a tres en 2024 y dos en 2025.

Los reportes de trata de personas relacionados con pornografía infantil aumentaron 86% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024 en México.

Así lo revela el 5º Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que atiende la Línea y Chat Nacional contra la Trata (LNCTP) (800 5533 000), la cual brinda apoyo psicológico y asesoría jurídica gratuita, confidencial, disponible 24/7 en todo el país.

De todos los reportes clasificados como trata de personas en el Consejo Ciudadano, 62% corresponde a pornografía infantil (material de abuso sexual infantil), mientras que el 38% restante se distribuye entre otras ocho modalidades.

“La niñez sigue siendo la más afectada por la Trata de Personas. El mayor porcentaje de víctimas de todos los grupos etarios se concentra en aquellas personas menores de 18 años. Hay un cambio fundamental entre lo que vive la niñez y adolescencia a nivel digital, donde son víctimas de supuestos ‘amigos’ virtuales, respecto de lo que sucede en el mundo físico, donde son enganchadas principalmente por sus familiares”, explicó Clara Luz Álvarez, secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano.
Crimen y castigo

Apenas en mayo de este año, un maestro de secundaria fue vinculado a proceso por un juez de control de Ciudad Mante, Tamaulipas, por los delitos de violación equiparada, agravada y abuso sexual agravado contra una menor de edad.

Sin embargo, al ser detenido, los policías revisaron su celular y encontraron gran cantidad de pornografía infantil, lo que agravó todavía más su situación legal.

Los casos evidenciados sobre trata y pornografía infantil han puesto el tema en el Congreso local, donde se presentó una iniciativa para reformar el artículo 194-Bis del Código Penal del Estado y tipificar como delito la edición digital de imágenes con contenido sexual infantil, además de endurecer las penas para quienes participen en estas conductas.

Fue el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena, quien expuso el tema en la Diputación Permanente, subrayando la necesidad de actualizar el tipo penal para enfrentar de manera más eficaz las nuevas formas en que se comete este delito, particularmente en entornos digitales y mediante tecnologías de manipulación de imágenes.

El legislador explicó que la reforma busca cerrar vacíos legales que hoy impiden castigar ciertas acciones, como el montaje o la edición de fotografías o videos en los que se simula la participación de menores en actos sexuales, aun cuando no se trate de material real. También se contempla penalizar la promoción de actividades en las que se exponga sexualmente a menores de edad.

Además de tipificar estas nuevas formas de explotación, la propuesta incluye un aumento en las sanciones para quienes participen en la elaboración, almacenamiento, transporte, distribución o cualquier forma de producción de pornografía infantil. De aprobarse, se elevarían tanto las penas de prisión como las multas económicas, en concordancia con la gravedad del daño causado a las víctimas.


“En nuestras manos está el adecuar los términos de este delito, para que las autoridades investigadoras y las juzgadoras cuenten con los mayores elementos posibles para sancionar a los que cometan esos actos en perjuicio de los menores e incapaces”, señaló el legislador.

El diputado también sostuvo que la iniciativa está alineada con los compromisos internacionales asumidos por México, particularmente con el Objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU, que promueve sociedades pacíficas, acceso a la justicia e instituciones sólidas.
 

 

(Información de Milenio)