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Darán cárcel a los dueños de automóviles chuecos

A partir del primero de enero, los dueños de vehículos “chuecos” que circulen en Ciudad Juárez podrán ser acusados de contrabando, lo que conlleva multas y hasta...
  • Por José Oswaldo
Darán cárcel a los dueños de automóviles chuecos

A partir del primero de enero, los dueños de vehículos “chuecos” que circulen en Ciudad Juárez podrán ser acusados de contrabando, lo que conlleva multas y hasta cárcel en ciertos casos, ya que la prórroga de casi un año para regularizarlos termina hoy, dio a conocer Rodolfo Martínez García, presidente local de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA).

“Las multas rebasan, en muchos casos, el valor del vehículo por lo que el patrimonio de las personas está en peligro, hay casos en los que las penalidades alcanzan cárcel ya que son unidades de gran valor”, expresó.

Dijo que el plazo para regularizar los vehículos fue amplio por lo que las personas que no lo aprovecharon tienen como opción regresar la unidad a Estados Unidos y hacer una importación regular, por amparo o chatarrizarlos.

En caso de que se decomise una unidad “chueca” en circulación, los propietarios deberán de pagar multas ante el fisco, muchas de las cuales son superiores al costo del vehículo.

Por ejemplo, un automóvil Saturn 2005 con un valor comercial de 66 mil 976 pesos costaba regularizarlo bajo el esquema especial 8 mil 911 pesos.

Si se le decomisa, su dueño deberá de pagar una multa de 50 mil 178 pesos para recuperarlo, además del costo de importación.

Las sanciones incluyen el cobro de arancel de 13 mil 395 pesos más 535 pesos del trámite aduanero, 10 mil 801 pesos del IVA, una multa por parte de la Aduana de 17 mil 413 pesos, 294 pesos de STA y 7 mil 740 pesos por IVA de la multa.

El artículo 104 del Código Fiscal de la Federación menciona que el delito de contrabando se sancionará con pena de tres meses a cinco años de prisión cuando el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas es de hasta 982 mil 330 pesos o cuando la suma de ambas es de hasta un millón 473 mil 480 pesos.

La penalidad de tres meses a nueve años cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal y de tres a seis años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de productos que requieren permisos especiales.

Los datos de la AAA Juárez muestran que el censo previo al programa de regularización vehicular era de 80 mil unidades “chuecas” en el estado.

Indican que hasta el 18 de diciembre se tenían 62 mil 547 pedimentos de importación por lo que serán alrededor de 20 mil las unidades que pueden ser susceptibles a decomiso.

El Anexo 8

En octubre de 2012, el gobernador César Duarte Jáquez negoció ante la Federación la institución de un programa especial de regularización vehicular por medio del cual el Estado de Chihuahua garantizaba el pago de parte de las contribuciones que debían de hacer los dueños de estas unidades al fisco del 25, 50 y hasta 80 por ciento.

Para que la Federación aceptara este programa, el gobierno estatal firmó el Anexo 8, por medio del cual adquirió el compromiso para decomisar toda la mercancía ilegal en Chihuahua.

El 20 de enero de 2013 se publican las reglas de operación del programa para dar inicio oficialmente al día siguiente con una duración de 120 días.

Este programa debía de terminar el 18 de julio de 2013, pero se otorgó una prórroga de 30 días.

El 31 de agosto de 2013 se otorga la segunda y última ampliación por lo que el programa termina hoy.

“El SAT pone un candado y después del 31 de diciembre ya no podemos ingresar ningún pedimento bajo este esquema, por eso nosotros dejamos de recibir documentos días antes”, mencionó Martínez García.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el Anexo 8 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal “permite a la Entidad ejercer facultades de fiscalización en materia de comercio exterior en los límites del Estado, incluyendo el retiro de vehículos de procedencia extranjera respecto de los cuales no se acredite su legal estancia y tenencia en el país”.

El documento establece que el programa es necesario para garantizar que todo vehículo que circule en el estado esté plenamente identificado mediante placas.

Martínez García mencionó que el compromiso adquirido por el Estado ante el Gobierno Federal lo obliga a retener toda mercancía ilegal, incluidos los automóviles, ya que de otra forma puede ser sancionado.

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