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El dilema de Sheinbaum tras la carta del Mayo: intervenir en el caso o contener a Trump

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El dilema de Sheinbaum tras la carta del Mayo: intervenir en el caso o contener a Trump

- La presidenta niega que el escrito del capo sea una amenaza contra su Gobierno y analiza el margen de maniobra para responder a la solicitud de repatriación, argumentando la defensa de la soberanía y la protección consular.

Intervenir en el caso o privilegiar la cautela en la relación con Estados Unidos. Ese es el dilema que enfrenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de la polémica por la última carta de Ismael El Mayo Zambada. Este martes se cumple el plazo que pidió la mandataria para responder a la solicitud de repatriación del antiguo líder y fundador del Cartel de Sinaloa, alegando violaciones al debido proceso y que su detención fue “ilegal”. Sheinbaum ha declarado que Zambada tiene un punto de razón al reclamar que su captura supuso una violación a la soberanía del país, pero aún analiza el margen de maniobra para tratar el asunto en medio de las presiones permanentes de Donald Trump para endurecer el combate a la delincuencia organizada. El escrito del Mayo también ha abierto un frente interno, entre quienes leen la misiva como una “amenaza” del capo, consideran inaceptable que el Gobierno mexicano dé entrada a la petición y sectores que han visto una oportunidad política para criticar la posición de las autoridades.

“No caemos en chantajes ni en amenazas”, afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa del lunes. Después de que la carta saliera a la luz el pasado viernes, la presidenta anticipó los cuestionamientos y afirmó que la posibilidad de que su Gobierno intervenga no debe interpretarse como una defensa del capo, sino como un caso de protección consular. “Más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá, sin haber seguido todo el procedimiento”, aseguró la presidenta y pidió tiempo para consultar el asunto con la Fiscalía General de la República (FGR) antes de dar su respuesta final.

“El Estado mexicano tiene la obligación ineludible, inmediata y categórica de intervenir de manera activa y contundente en la defensa de mis derechos humanos, de mi soberanía como ciudadano mexicano y de la soberanía de México como Estado, en virtud de que mi traslado a Estados Unidos fue producto de un secuestro transfronterizo”, afirmó Zambada en su segunda carta. Tras su captura a finales de julio pasado, El Mayo aseguró un par de semanas más tarde en un primer escrito desde la cárcel que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo del Chapo, y entregado a las autoridades estadounidenses contra su voluntad.

Además del secuestro, El Mayo y su equipo legal argumentan que si el Gobierno mexicano no actúa y fija límites a los operativos extraterritoriales de Estados Unidos en la guerra contra las drogas se puede sentar “un precedente peligroso” para que Washington tome acciones similares contra otros ciudadanos mexicanos, incluso “políticos y funcionarios”. También denuncian la posibilidad de que se aplique la pena de muerte en su caso, bajo el argumento de que la acusación de tráfico de fentanilo constituye un delito de lesa humanidad.

“[El Estado mexicano] debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral”, se lee en una de las líneas más controvertidas de la misiva. Durante meses se ha hablado de la posibilidad de que El Mayo, con una carrera criminal que se extiende por cinco décadas, llegue a un acuerdo de colaboración en Estados Unidos para revelar información sobre los vínculos entre políticos y el narco, las operaciones del Cartel de Sinaloa y detalles sobre sus rivales. Algunos comentaristas interpretan que Zambada amenaza con “colapsar” la relación de ambos países si dice todo lo que sabe.

Sin embargo, Juan Manuel Delgado González, su asesor legal en México, asegura que el sentido de la carta se ha “tergiversado”. “La petición de repatriación del señor Zambada es un derecho legítimo y no constituye, bajo ninguna circunstancia, una amenaza o chantaje hacia el Gobierno mexicano”, se lee en una declaración escrita que ha hecho llegar a EL PAÍS. El equipo de Zambada reclama que Estados Unidos “carece de base legal válida para enjuiciarlo” y exige que, en todo caso, su cliente debería ser devuelto a territorio mexicano para que Washington tramite su extradición “mediante los cauces legales correspondientes”. Frank Pérez, el abogado del capo en Estados Unidos, dijo al periodista Ioan Grillo que su cliente aún no ha colaborado, pero que estaría dispuesto a declararse culpable porque no quiere ir a juicio.

En el escrito se menciona como antecedente el caso de Humberto Álvarez Machain, un médico acusado de la tortura y muerte del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Álvarez Machain fue secuestrado en 1990, y juzgado y absuelto dos años más tarde en Estados Unidos por falta de pruebas. En 1993, el médico demandó a las autoridades estadounidenses por las irregularidades en su detención y el caso detonó en la discusión entre ambos países de un tratado contra el secuestro trasfronterizo que, sin embargo, no fue ratificado por Washington. En 2003, el Supremo estadounidense emitió una opinión adversa contra Álvarez Machain, argumentando que no había bases legales suficientes para que fuera indemnizado por las autoridades.

La carta fue entregada al consulado mexicano en Nueva York el pasado 20 de febrero, apenas un día después de que la Administración de Trump designara a seis carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, como organizaciones terroristas. En medio de las preocupaciones por las implicaciones del decreto para la soberanía de México, Sheinbaum respondió con una iniciativa de reforma constitucional para imponer “la pena más severa posible” a agentes extranjeros que actúen sin la autorizaciones de las autoridades. Entonces, como ahora con la carta del Mayo, uno de los riesgos políticos es que la respuesta del Gobierno mexicano pueda interpretarse como una resistencia a la nueva campaña de Trump contra las drogas o, en un extremo, como una defensa a los criminales.

A pesar de tener pocas probabilidades a priori en el ámbito legal, dado el propio viraje de mano dura de la Casa Blanca contra los carteles, la carta del Mayo es un asunto que se ha complicado para las autoridades mexicanas porque utiliza prácticamente los mismos argumentos que utilizó Sheinbaum para contestar a los embates y amenazas de Trump. También ha sido un factor determinante que en el centro de la cuestión esté uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo y un objetivo prioritario para Washington durante décadas, y que todo el caso contra el capo haya estado marcado desde el principio por los escándalos mediáticos, la violencia en Sinaloa y las tensiones diplomáticas.

En el último intento por politizar el caso, se ha intentado vincular a uno de los socios de Delgado González, Juan Pablo Penilla, con Morena, el partido en el Gobierno. “No lo conozco, hay una fotografía ahí, pero ni siquiera sé de dónde es”, aseguró Sheinbaum, después de que circulara una imagen de Penilla con ella, aparentemente en un acto de campaña. El bloque gobernante ha respondido que el abogado tiene, en cambio, nexos con el opositor Partido Acción Nacional.

En ese contexto, la presidenta intenta ver si puede encontrar un equilibrio que no comprometa los puentes que intenta construir con el Gobierno de Trump y, al mismo tiempo, le permita trazar límites al nuevo capítulo que el republicano quiere escribir en la guerra contra el narcotráfico. Tras semanas de estancamiento, el caso contra Zambada ha vuelto impactar de lleno en el público mexicano y se ha convertido en el último entuerto que enfrenta México en su compleja relación con Estados Unidos. La próxima audiencia del Mayo en la corte de Brooklyn, la misma que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua en 2019, está prevista para el próximo 22 de abril.

 

(Información de El País)