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ATISBOS DE LA DICTADURA QUE VIENE

  • Por lujardo
ATISBOS DE LA
DICTADURA QUE VIENE

Por Ricardo Luján

Ambiguamente redactado en espera de pasar desapercibido, el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones estuvo a nada de materializarse y constituirse en la piedra angular de toda dictadura que es eliminar la libertad de expresión.

Dicho “descuido” semántico fue denunciado con viralizada profusión por el senador Ricardo Anaya -cuyo equipo de trabajo sí se puso a leer-, lo que obligó a Claudia a ordenar “una pausa”, figura no escrita en los protocolos de gobernanza pero de uso convenenciero desde el sexenio de AMLO.
“Fue sin querer queriendo”, faltó que dijera la representante del obradorato al hablar de la iniciativa de ley que ella misma envió al Senado -sin siquiera leerla- y mediante la cual dota al  gobierno a su cargo y a toda dependencia de la 4T de facultades ilimitadas para eliminar contenidos en internet que resulten incómodos para el régimen, que hace sus pininos como dictadura.

El mentado artículo 109, contenido en el capítulo VIII de la Ley de Telecomunicaciones, establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones  (ATDT) para bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.
Está chulada de disposición pondría contra la pared a los medios independientes que no trabajan para quedar bien con el gobierno, apagaría toda manifestación de inconformidad de Facebook, Equis, Instagram, Youtube, Tik Tok, etc, cuyos contenidos incomoden a los personeros del régimen.

Imaginen, por ejemplo, a Andrea Chávez o a su sugar godfather ordenando el cierre de canales de contenido y periódicos digitales que se atraviesen en sus ambiciones políticas o exhiban comportamientos inmorales, ilícitos o francamente desvergonzados.

O a Javier Corral, experto en la confección de leyes mordazas, sacando del espectro a medios incómodos o bloqueando portales digitales en venganza por críticas y reportajes que han exhibido sus corruptelas y frivolidades.
 
Piensen en la diputada Brenda Ríos con todo el poder para desquitarse de quienes a través de las redes han señalado su nulo trabajo legislativo o la acusan, por ejemplo, de liderar en su momento el “cartel del agua” cuando fue delegada en la Semarnat en contubernio con el entonces delegado de la Conagua -su esposo- para beneficiarse con agua para sus prósperos negocios conyugales de nogaleras, según denuncia del senador chihuahuense, Juan Carlos Loera, su compañero de partido.

En el ámbito nacional, fácilmente adivinamos que serían Loret, Brozo y Latinus los primeros bloqueados del mapa cibernético por parte de Claudia en particular y la Cuarta Transformación en general.

Gerardo Fernández Noroña, enchilado porque en las redes no lo bajan de ratero y le dicen Changoleón, se daría gusto bloqueando a Chumel Torres y a decenas de detractores.

O la folclórica magistrada Lenia Batres desapareciendo medio facebook por los memes que le dedican y recordándole la progenitora a la bola de críticones hijos de su remadrísima.
 
Y ni qué decir de las versiones digitales de Reforma o de Tv Azteca y de las cuentas del Tío Richy…desaparecerían al día siguiente de entrada en vigor de la aberrante ley.

Así que de no ser por los legisladores -o sus asesores- que sí hicieron la tarea y leyeron bien el documento, ahorita estaríamos formando parte del selecto club de dictaduras que controlan el ciberespacio como China, Irán Cuba y Venezuela donde Hugo Chávez creó la llamada Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión -Resorte- que no era otra cosa que una vil y reverenda ley mordaza que si bien permitía el acceso general al internet, se restringían, limitaban y criminalizaban los contenidos y el libre intercambio de información.
Este tipo de leyes inquisitorias como la pausada en México prohíbe de manera ambigua hablar mal de funcionarios públicos, atentar contra dictámenes del gobierno y el anonimato en la red.

De haberse colado el dictatorial “error de redacción”, el gobierno de Morena podría bloquear aplicaciones, censurar la prensa digital, vigilar el tráfico cibernético y controlar políticamente a los proveedores para que condicionen su apoyo a cambio de líneas editoriales a modo.

De igual manera la reforma prevé, en el artículo 8, fracción LXV, que la Agencia tenga la facultad de “expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de los concesionados y, en su caso, autorizados de dicho servicio y será de observancia obligatoria”. 
De este modo, sin dar motivos, la iniciativa intenta crear de nuevo este registro, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvi, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.

Otro aspecto  negativo encierra la llamada Ley Telecom. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) expresó su preocupación, al considerar que introduce riesgos graves de censura y viola compromisos internacionales asumidos por México en el TMEC.
Así que vámonos preparando para nuevos aranceles por parte de Estados Unidos y Canadá.
Los diputados y senadores de oposición deberán ponerse muy aguzados con este tipo de triquiñuelas, porque con errores o barbaridades como esas se instauran las dictaduras.