La Fuente Dominical

El negocio de los 100 mdd

  • Por El Criticón
El negocio de los 100 mdd

La tarde del lunes 9 de octubre, el Ejército Mexicano disparó en contra de un grupo de migrantes centroamericanos en San Jerónimo al poniente del municipio de Juárez, cerca de Santa Teresa, Nuevo México; dos murieron y 4 resultaron lesionados, mientras que 4 mujeres que los acompañaban están prácticamente desaparecidas, y en pleno desierto, el caso se inunda de impunidad. Simplemente no hay detenidos por estos hechos dónde evidentemente hubo exceso al detonar armas de fuego. Sólo hay presentados ante el Ministerio Público que están seguramente muy  tranquilos en sus puestos militares. ¡Si!Es un caso igual de grave que el del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en la muerte de 40 migrantes fallecidos en la cárcel de esa dependencia y que no ha pisado la cárcel y sigue en funciones demostrando que en la Cuatroté también hay impunidad y corrupción. -Y no hablamos de El Loerilla que también tiene sus frijoles quemados y apesta, que quede claro-. Ambos casos dejaron ver un luz que explica porque el tráfico de migrantes crece a una magnitud que de acuerdo con el fiscal estatal César Jauregui, deja nada más en Juaritos, unos 100 millones de dólares a los carteles de las drogas que incursionaron en esta actividad a gran escala y la hicieron parte de su giro principal, incluyendo el secuestro de migrantes. Con esas ganancias se puede deducir que también su poder de corromper para obtener protección oficial creció. No sé explica de otra forma los sesgos de ambos casos donde el común denominador es la inoperante Fiscalía General de la República que en Chihuahua poco hace por cumplir sus obligaciones y la política migratoria del régimen actual puesta en manos de un indiciado. Todos los elementos se conjugan y muestran la peor cara del régimen en materia de derechos humanos para con los migrantes que en su travesía para buscar una mejor vida en Estados Unidos e incluso en México, sufren todo tipo de abusos y violencia de las autoridades y de la delincuencia. En el caso más reciente, los soldados que dispararon a los migrantes, recogieron las evidencias y después huyeron demostrando que supieron lo que hicieron. También recibieron todas las facilidades para quedar impunes. En plena flagrancia la Fiscalía General del Estado tuvo a los integrantes del pelotón involucrado en la agresión. Se los puso a disposición la Secretaría de la Defensa Nacional con excepción de uno que desertó. Sólo fueron declarados y liberados bajo reserva, no importaron dos muertos y cuatro lesionados, sin duda las víctimas  Y aún y cuando el expediente  lo haya integrado Carlos Manuel Salas, uno de los brazos fuertes de aquel famoso fiscal de hierro, Javier Coello Trejo, quedaron muchos cabos sueltos que difícilmente resolverá la Fiscalía General de la República ante la cual debió ser turnado ya el caso. Se ignora si ya lo hicieron porque solo faltaban pruebas periciales que estaban deteniendo todo el proceso de atracción,  lo que dió todas las ventajas a los responsables de la agresión y a quienes en ese acto cometieron otros delitos, como es el caso del narco pollero. Elvis Enrique Barrientos de la Rosa, de 27 años, y Margarito Canto Juárez, de 45 años, ambos originarios de Guatemala ya no recuperarán su vida. Sus sueños y los de sus familias quedaron truncados por balas del Gobierno de México que utiliza en tareas de Policía al Ejército Mexicano, entrenado para matar, su único adiestramiento. Sus muertes son parte del negocio millonario al que los cárteles de las drogas le entraron ya. La zona de San Jerónimo y el corredor que lleva hasta el puente de Guadalupe-Tornillo, son utilizados por todos los grupos delictivos y no son pocos los enfrentamientos entre ellos. Su actividad crece y en la frontera sólo es combatida por la Fiscalía Estatal que se apunta un centenar de detenidos por delitos cometidos contra personas en tránsito, principalmente el secuestro. De la Federación está semana se tuvo un ligero movimiento en los que catean casas de seguridad relacionadas con el tráfico de migrantes; pero al parecer no tuvo resultados tangibles que no sea la movilización para la foto. La política federal debe cambiar no sólo para una migración ordenada; también segura y con respeto a los derechos humanos. El fiscal César Jauregui fue más allá en días recientes. Señaló que es urgente un cambio en la política migratoria federal ante la mutación que han tenido los grupos delictivos de las drogas, al incursionar en el tráfico de personas y el secuestro de migrantes. Estás actividades, nada más en Ciudad Juárez le generan 100 millones de dólares mensuales a los grupos delictivos. El fiscal no habló de la otra cara de la moneda, pero todo va junto en una política migratoria. Lo dijeron también los senadores Rafael Espino, Beatriz Paderes y Emilio Alvarez Icaza al acudir a Juaritos en comisión del Senado para documentar el caso de los 40 migrantes muertos en la estación migratoria que funcionaba como cárcel. Alvarez Icaza fue más incisivo y puso el dedo en la llaga. Se trata de toda una política de Estado en la que participan los tres niveles de gobierno, que llevó a la tragedia a la que calificó de crimen de Estado. Sin duda, debe cambiar la política migratoria para afrontar las nuevas realidades y evitar que estas tragedias se sigan repitiendo. Se debe comenzar por aplicar también relevo generacional en el encargado de la política migratoria del país con perfiles probados de capacidad y activar a la Fiscalía Federal que aplica al pie de la letra lo de abrazos, no balazos y está inactiva prácticamente en el combate a los delitos federales en Chihuahua.