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Operación acordeón necesitará años para investigarse

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Operación acordeón necesitará años para investigarse

- El TEPJF resolverá este mes, si valida las multas a los candidatos del acordeón y que INE continúe las investigaciones o da carpetazo definitivo.

La llamada operación acordeón es el nuevo Amigos de Fox y Pemexgate. Un caso que requiere meses o incluso años para develar una estrategia electoral que tuvo como principal misión ocultar el origen de los recursos y que hace dos décadas requirió una profunda investigación ante pocas pruebas, negativas institucionales y, sobre todo, voluntad política en las autoridades electorales para rastrear al poder.

En los años 2000 surgieron varias primicias en la dificultad para desentramar este financiamiento ilícito en la campaña electoral del ex presidente Vicente Fox, y que son un referente para las autoridades electorales en la investigación sobre los acordeones que influyeron en la reciente elección judicial.

Acordeones en elección judicial, investigación compleja

El ex magistrado Leonel Castillo, autor de las sentencias de Pemexgate y Amigos de Fox, lo ha explicado en varios artículos desde entonces: romper con los secretos bancario, fiduciario y fiscal; correr el velo de las personas morales ante su participación en ilícitos; y la responsabilidad de los partidos, sus dirigentes, militantes o simpatizantes de manera directa o indirecta en esos hechos.

Aunque la ley electoral ha cambiado y existen avances como que ahora, las autoridades no pueden imponerle al INE impedimentos tener acceso a información que le permita desahogar sus investigaciones, en los hechos, varias autoridades siguen limitando esa información.

El 28 de julio, el INE no pudo sancionar el origen de los acordeones, porque de todos los requerimientos que realizó, no pudo comprobar de manera contundente quiénes los financiaron ni cómo, pues sólo contaron con un mes y medio para esta indagatoria, lo que, ante un ilícito de este nivel, resulta imposible.

“En la investigación de esta compleja operación realizada en varias entidades del país, la Unidad Técnica de Fiscalización sólo contó con escaso mes y medio para seguir el rastro de las pruebas aportadas y descubrir el monto y a los responsables de este entramado. Las consecuencias de los brevísimos plazos que se otorga para la fiscalización de los recursos de campaña saltan a la vista en este tipo de casos en los que una investigación de mes y medio no es suficiente para llegar al origen del ilícito ni a sus responsables”, señaló el consejero Martín Faz.
La actual integración de la Sala Superior ya ha decidido cerrar varias investigaciones similares por considerar que no había elementos contundentes suficientes ni la colaboración de las autoridades, como en el caso de Operación Safiro (saneamiento financiero), escándalo que apuntaba a desvíos y triangulaciones entre el PRI, la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de César Duarte, en Chihuahua, para financiar ilegalmente campañas priistas; los desvíos de Texcoco a Morena o el origen del dinero para financiar la campaña para lograr la consulta de revocación de mandato.

¿'Operación acordeón', trampa electoral?
Las multas por los acordeones en la elección judicial llegarán en el transcurso de agosto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que además de confirmar o revertir las multas a quienes se beneficiaron en sus campañas apareciendo en los acordeones, también tendrá que resolver si autoriza que el INE siga con la investigación como lo aprobaron ocho consejerías contra tres, o si deciden darle carpetazo sin que un freno para que no se repita en la próxima elección judicial de 2027.

La consejera Claudia Zavala señaló sobre el caso actual: “claro, los grupos de interés que se dedicaron a hacerlo, pues es que ahora resulta que nadie fue, eso es esperado, nadie va a ir al Notario Público a decir, ‘mira lo que voy a hacer’, pero sí tenemos todavía líneas de investigación y hay otras autoridades que están investigando donde nosotros tenemos tiempo para investigar".

“Y creo que eso es por el bien de nuestro sistema, para que este tipo de infracciones no queden sin sanción, sin reproche jurídico, desde el punto de vista sancionador, sí tenemos que ver quién lo hizo”.

De esta manera, ante el caso de la 'operación acordeón' calificada como la más reciente trampa electoral, inédita pues en ninguna otra elección se había presentado, con los votos en contra de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, la consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Jorge Montaño, el Consejo General del INE aprobó continuar con la investigación sobre el origen de los recursos destinados para la producción y distribución de los acordeones físicos, así como el diseño y operación de los sitios web para acordeones digitales.

Hace dos décadas en los casos de Amigos de Fox y Pemexgate, se pusieron sobre la mesa varios aspectos fundamentales que ante un ilícito orquestado, era el reto de las autoridades electorales para evitar la impunidad: interpretar la normativa vigente y las sanciones previstas, reducir la rigidez del denunciante que no puede tener elementos altamente probatorios a su alcance, que la autoridad instructora asuma y cumpla su obligación de llegarse de esas pruebas idóneas y necesarias para verificar o descartar los indicios que así sean leves, tienen elementos que dan credibilidad a los hechos denunciados.

“Ante la mayor dificultad que tenga el denunciante para conocer los hecho denunciados, menor tendrá que ser la exigencia de exponer amplia y exhaustivamente esas circunstancias; deberá considerarse la exposición de algunas circunstancias que racionalmente puedan considerarse admisibles dentro del marco general de la conducta típica de que se trate, respecto de conductas particulares relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos obtenidos por concepto de financiamiento, en las que generalmente se requiera de múltiples operaciones bancarias, financieras o fiscales”, expuso Leonel Castillo en el artículo “impugnaciones de los casos Amigos de Fox y Pemexgate” publicado por la Escuela Judicial Electoral.
En ese momento, no se tenían suficientes pruebas pues las autoridades se negaron a entregar información al INE y los partidos involucrados negaban su participación en los hechos, hasta que el Consejo General del INE impulsó proyectos en los que concluyó que había indicios suficientes de que hubo financiamiento ilícito en la campaña de Vicente Fox.

Por un lado, concluyendo que Fox se benefició de manera ilegal con 91.2 millones de pesos entre empresas mercantiles, dinero del extranjero, dinero del Poder Legislativo y otra suma de origen desconocido; y por el otro, que hubo desvíos de Pemex orquestado de la mano del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con 68 retiros en efectivo hasta sumar 500 millones de pesos que fueron a parar a la campaña presidencial del 2000.

En aquel momento, las leyes no preveían estos escenarios, pero la base de las resoluciones estuvo en la voluntad política de las autoridades electorales para rastrear y sancionar a los partidos en el poder.

Incluso, el caso de Pemexgate llegó al Tribunal Electoral con un proyecto del entonces magistrado Eloy Fuentes Cerda que proponía devolver el expediente al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) porque no estaba debidamente fundamentada la multa al PRI por parte de la Comisión de Fiscalización, pero el pleno se dividió y lo rechazaron.

La mayoría para sancionar con multas históricas, la conformaron los magistrados Leonel Castillo González, José Luis de la Peza, José de Jesús Orozco y Mauro Miguel Reyes Zapata para confirmar la multa en una sentencia con un engrose; frente a los votos en contra de Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Martínez Porcayo quienes coincidían en que no estaba bien sustentado el expediente.

Sanción en 'operación acordeón', el desafío 
En esta ocasión, las autoridades electorales tienen dos retos para determinar si la 'operación acordeón' tendrá una sanción como los casos que involucraron a los ahora partidos de oposición en los 2000.

Por una parte, en el Instituto Nacional Electoral donde se aprobó continuar con la investigación, pero que está en manos de las áreas técnicas a quienes la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, colocó y quien rechazó seguir con esta indagatoria, por lo que quedará al resto de las consejerías vigilar desde las comisiones que el rastreo avance.

Y por el otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde ya hubo pronunciamientos ante el primer juicio desechado, en el que el bloque mayoritario concluyó que se requieren evidencias suficientes de cuántos acordeones fueron y cómo se financiaron, han impuesto la carga probatoria a los denunciantes como en otros casos.

Mientras que desde el bloque minoritario, como el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien en ese momento se quedó en solitario, insistía en que el INE debía cumplir su deber de investigar, pues la ciudadanía no puede acceder a documentos de instituciones como el SAT o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rastrear el dinero, lo que le corresponde al INE.

Para las magistraturas electorales, es fundamental que se presenten pruebas desde, por ejemplo, los acordeones físicos y no sólo fotografías de publicaciones en redes sociales en las que se afirma su existencia; pero también exigen otras de alta complejidad para quienes impugnan, como evidencias de la operación, los autores intelectuales o el lugar en el que se imprimieron o las personas que las distribuyeron.

Con estos antecedentes, la ‘operación acordeón’ podría llevar años en investigación. Más allá de las evidencias que la Comisión de Fiscalización presentó para impulsar un proyecto que se aprobó por mayoría de votos para sancionar al menos, a quienes se beneficiaron de esta campaña que violó varios criterios: el financiamiento de terceros, ya sea público o privado, y la propaganda conjunta para favorecer a varias candidaturas.

 

(Información de Milenio)