Local

Aún sin demostrar FEADLE el riesgo de Hugo Amed Schultz para las víctimas

  • Por Guadalupe Lizárraga.

Por Guadalupe Lizárraga /Los Ángeles Press.

Con los primeros tres testigos, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), representada por el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, no ha logrado demostrar el alto riesgo para las víctimas indirectas del homicidio de la periodista Miroslava Breach.

Ayer inició la audiencia judicial para determinar si procede la libertad condicionada de Hugo Amed Schultz Alcaraz, con 25 minutos de retraso, bajo la dirección de la jueza María Elena López Morales.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la FEADLE, fue el fiscal encargado de objetar el cambio de medida cautelar para Schultz, acompañado de los asesores jurídicos de la asociación civil Propuesta Cívica, propiedad de Sergio Aguayo Quezada. La defensa de Schultz estuvo representada por los abogados penalistas Manuel Norberto Vázquez y David Víctor Manuel López Morón.

Los primeros tres testigos fueron analistas: uno retirado, otro en activo dentro de la Fiscalía General de la República y un tercero radicado en la Ciudad de México. La FEADLE los presentó como expertos en su rama; sin embargo, incurrieron en contradicciones, pifias e imprecisiones.

Ricardo Alonso Pavón fue presentado como parte del Mecanismo de Protección a Personas en Riesgo del gobierno federal. Señaló que su análisis y mapeo para evaluar riesgos de las víctimas en cuestión se basaban en gran parte en notas periodísticas de fuentes abiertas, y que generalmente realizaban un análisis de riesgo cada dos años. Sin embargo, por el “alto riesgo” entre 2017 y 2020, en este caso se elaboraron tres análisis sobre dos víctimas indirectas, quienes son beneficiarias del Mecanismo. Dichas personas afirmaron haber recibido amenazas directas en 2017.

Para 2020, Pavón informó que había elaborado dos evaluaciones más, concluyendo que el riesgo era bajo, debido a que los actores se encontraban en prisión. No obstante, al ser cuestionado por la defensa, desconocía la fecha de sentencia de Hugo Amed Schultz y, pese a que refirió que sus análisis estaban basados en fuentes abiertas, también ignoraba desde cuándo figuraba Schultz como imputado.

En enero de 2025, Pavón señaló ante el Tribunal que el Mecanismo de Protección informó a la FGR, “en un oficio reciente”, que “el riesgo es medio”, ya que ha habido incidentes de seguridad y amenazas directas. Al ser cuestionado por la defensa sobre si estos incidentes tenían relación con Schultz, el testigo respondió: “No”.

El fiscal de la FEADLE, en un intento fallido, mostró un oficio con fecha alterada al 5 de enero de 2025, firmado por el testigo, y le preguntó: “¿Cómo identifica usted su oficio?”. El testigo respondió que no entendía bien la pregunta y ofreció otra respuesta, recibiendo un grito del fiscal, ya desesperado, que volvió a formular la misma pregunta. Finalmente, el testigo dijo que los reconocía por la nomenclatura y que no recordaba cuál era el nivel de riesgo determinado el 5 de enero de 2025, fecha que coincide con un documento generado por Propuesta Cívica, el cual señalaba que el riesgo “era considerable” porque Hugo Amed Schultz “era un puente entre el crimen y el gobierno”.

La defensa, sin embargo, demostró que la fecha había sido alterada y que correspondía al 15 de enero de 2025. También argumentó que, entre 2017 y 2020, con las evaluaciones del Mecanismo, no se había identificado ningún incidente de seguridad ni amenazas relacionadas con Hugo Amed Schultz Alcaraz. “No existen datos confiables de que mi representado sea un riesgo para las víctimas indirectas ni para la sociedad”, acotó Manuel Norberto Vázquez.

El segundo testigo fue Salvador Torres Borunda, presentado como experto en análisis delictivo, quien dijo tener seis años de experiencia al momento de elaborar un informe para la fiscalía sobre el grupo Los Salazar o Los Salazares. El analista hizo un recuento basado también en notas periodísticas de fuentes abiertas sobre este grupo criminal, al que describió como “una organización bastante grande para el trasiego de sus productos”, fundada en los años 90 y dedicada a la agresión física de personas, entre ellas periodistas y funcionarios de procuración de justicia.

Para el analista, Los Salazar eran los únicos que controlaban la región, omitiendo a otros grupos criminales en disputa. Tras varias preguntas de la fiscalía, dijo haber “perdido el hilo de la discusión” y que “se le escapaban los nombres”, aunque mencionó a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, de quien dijo desconocer si estaba sentenciado.

Finalmente, concluyó su declaración diciendo: “Quiero ser muy enfático en que no hago un seguimiento del caso, ya que no trabajo en la fiscalía desde julio de 2018”.

El tercer testigo fue Románico Joaquín Torrez Osorno, analista de contexto en la Unidad Especializada de Derechos Humanos, quien dijo apoyar las investigaciones de los agentes del Ministerio Público de la FGR. Se presentó como sociólogo, economista y estudiante de derecho. En su testimonio, dio por hecho el fallecimiento de Adán Salazar Zamorano y ratificó dicho dato al ser cuestionado por la defensa de Schultz, aunque reconoció ignorar si había sido extraditado a Estados Unidos.

En continuidad con esta imprecisión, afirmó que ese evento propició que su hermano Crispín Salazar Zamorano asumiera el liderazgo del grupo. Asimismo, aseguró que Hugo Amed Schultz había promovido la campaña de Juan Miguel Salazar por parte del PRI en 2016, a pesar de que Schultz era del PAN. Otro dato que desconocía el analista —y que fue cuestionado por la defensa— fue la designación del entonces secretario de Seguridad Pública de Chínipas, Martín Ramírez, de quien dijo que había sido nombrado por Schultz, cuando en realidad fue designado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Chihuahua.