La grabación fantasma

Chihuahua (Parte 16. Por Héctor Arriaga).- Como parte de sus procedimientos desde finales de la década de los 80´s la Policía Judicial del Estado realizaba grabaciones tanto en video como en audio de las declaraciones que hacían detenidos acusados de crímenes graves, como son asesinato, violación o tráfico de drogas.

El caso de Sergio Arturo Alba Rojo al parecer no fue la excepción y desde iniciada la investigación  la PJ habló de la existencia de una grabación donde el inculpado reconocía su delito.

Como parte de las pruebas más firmes presentadas por el Ministerio Público al inicio de la investigación, el Juzgado Segundo de lo Penal solicitó durante meses y sin éxito al Jefe de la Oficina Técnica y Servicios Periciales de la PGJE le enviaran la multicitada grabación.

De ello existe constancia documental en los oficios a los que ya se hizo referencia y en otros que se mencionan a continuación.

El dos de septiembre de 1988 el Juez Segundo Penal, Octavio Armando Rodríguez, firmó un acuerdo donde refiere que en virtud a la negativa de la Oficina Técnica de presentar la grabación, se le gire recordatorio.

Hay que recordar que el audio o video cassette se obtuvo el 3 de junio, por lo que ya habían transcurrido tres meses sin que una prueba tan importante fuera presentada ante el Juez a cargo del proceso.

Un mes después, el 4 de octubre, el Juzgado emite una constancia que a la letra dice: “la Secretaria del Juzgado hace constar que el C. Jefe de la Oficina Técnica y Servicios Periciales no ha dado contestación a nuestros oficios de fecha 13 de julio y 2 de septiembre”, por lo que suscribe un nuevo acuerdo para que se expida otro recordatorio.

Ante la nula respuesta, el 7 de noviembre el Juzgado emite una constancia de que la Oficina Técnica no ha respondido a los reiterados oficios que se le han girado, por lo que gira un nuevo acuerdo donde anuncia que se aplicará el primer medio de apremio.

No obstante y sin que hubiera justificación alguna del por que una grabación tan importante, de la cual dependía en gran parte la veracidad de la declaración de un acusado de cuatro homicidios, es hasta el 8 de febrero de 1989, esto es 9 meses y un día después, cuando el Profesor Manuel Huerta Téllez en su calidad de titular de la Oficina Técnica se digna comparecer y presentarla ante el juzgado.

Comparece, sí, pero aclara que lo hace “como prevención que se le hiciera por oficio de fecha 7 de noviembre del año próximo anterior”, y con toda la dignidad del cargo solicita que la grabación que acaba de presentar “le sea devuelta en el momento procesal oportuno”.

Según los abogados a cargo de la defensa, los nueve meses que tardó la Oficina Técnica en presentar la grabación se utilizaron, 1) para crearla dado que no existía, o en su caso 2) para modificarla de manera que correspondiera lo que ahí se dice con la declaración que la autoridad presentó como una de las pruebas en contra de Alba Rojo.

Sea como sea y por ser un caso tan delicado, es inexplicable que ninguna autoridad hubiera actuado para obligar a la Oficina Técnica a presentar un testimonio vital en forma oportuna, y que el Profesor Huerta Téllez no fuera sancionado por la misma causa.

Pero las prisas por parte de la autoridad, siempre y cuando resultaran convenientes, siguen. De la comparecencia se desprende un acuerdo fechado el mismo día en el sentido de que la grabación sea reproducida de inmediato “a efecto de hacer devolución de la misma”.

En ella Alba Rojo corrobora en todas y cada una de sus partes lo que aparece como su declaración inicial, reconociendo el cómo, el cuándo y el por qué cometió los asesinatos.

Tal grabación, obtenida bajo tortura, fue objetada por el detenido mediante escrito de fecha 22 de mayo de 1988.

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