Se anuncia la sentencia

Chihuahua (Parte 30. Por Héctor Arriaga).- El reportaje ha tenido como finalidad presentar los hechos tal y como ocurrieron el día del asesinato de la familia de los maicitos. Aunado a ello, se han tratado de descifrar, a fin de hacerlas públicas luego de 28 años de silencio, las terribles fallas, omisiones y complicidades entre la autoridad investigadora y los policías que participaron en la consumación de una infamia, eso sin contar la presentación de peritajes parciales, la desaparición de pruebas vitales, el entorno político envenenado que se vivía en la ciudad y el Estado, además de otros factores que incidieron en la condena de un inocente.

Por parte tanto de la autoridad policiaca como de la encargada de las averiguaciones, léase ministerial, todo el proceso se ejecutó con la única intención de culpar a Alba Rojo a fin de ocultar y proteger, primero, a José Mayorga como autor intelectual, y en segundo término a Ramón Parga Palafox como autor material.

Este último era solo una pieza menor del ajedrez que se jugó para amordazar y aletargar a la justicia. El parga, sin peso ni importancia salvo en lo tocante a que sabía la verdad del crimen, a la primera oportunidad fue ejecutado para no dejar testigos. 

A lo largo de todo el caso los encargados de las áreas de Averiguaciones Previas, de Servicios Periciales y los mandos de la Policía Judicial en una primera etapa, y más tarde jueces, secretarios de los juzgados y otros funcionarios menores llevaron a cabo su papel con docilidad y sin remordimientos, pues a fin de cuentas se trataba de realizar su cometido para mantener la maquinaria funcionando.

El sistema judicial de entonces, brutal, corrupto, omnipresente y todo poderoso operaba sin sobresaltos y con el caso de Alba Rojo, se garantizaba que seguiría funcionando sin importar si en el proceso quedaban triturados algunos o muchos inocentes.

El poder había utilizado el poder para prevalecer sin importar los métodos o cuidar las formas, yendo más allá de la justicia, la legalidad o cualquier rasgo de humanismo. Las instituciones, una vez más, se habían quitado la careta.   

Por una parte, las pruebas y testimonios presentados por el estado, no obstante sus evidentes fallas y vicios, fueron tomados en cuenta por los jueces al pie de la letra y sin titubeos; en contra parte, las evidencias, testimoniales y peritajes a cargo de la defensa nunca fueron realmente consideradas con seriedad, se les dio un tratamiento sesgado, desdeñoso y pueril. Hay de aquel que se atreviera a retar al sistema.

Todo ello se menciona a fin de hacer un repaso de las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento, y en preparación para presentar cuales fueron los fallos emitidos por el Juzgado Segundo de lo Penal en primera instancia, por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia después una vez presentada  la apelación, y finalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en forma inesperada y sin aplicar una revisión rigurosa y a fondo del caso, dictaminó que el proceso contra Alba Rojo había sido legal.

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